Una ley que propicia el pucherazo

La Ley de Memoria Democrática, también conocida como la Ley de nietos porque faculta a los descendientes de españoles huidos de la Guerra Civil a adquirir la nacionalidad española, supone un cambio sustancial en el cuerpo electoral a un año de las próximas elecciones generales. Hay motivos de peso para censurar una ley que podría cambiar el mapa electoral de España mediante la atribución del derecho a voto a 2,5 millones de personas, la inmensa mayoría de las cuales jamás ha vivido en nuestro país.

En primer lugar, el Gobierno, a través del Ministerio de Exteriores, ha estado fomentando la presentación de solicitudes de este tipo hasta desbordar todas las previsiones. Además, los 2,5 millones de nuevos ‘españoles’ provienen fundamentalmente de Argentina y Cuba y, en el caso de la dictadura caribeña, el proceso se está llevando a cabo por parte de una empresa estatal, es decir, del Partido Comunista, con todo lo que eso lleva consigo.

Más aún, la exigencia prevista en la ley de que el aspirante a la nacionalidad española ha de demostrar que sus ascendientes fueron exiliados por razones políticas o ideológicas se ha convertido en papel mojado, puesto que resulta materialmente imposible que la administración española pueda comprobar los motivos exactos por los que una persona abandonó nuestro país hace casi un siglo. Ante esta imposibilidad manifiesta de aportar pruebas documentales al expediente, el Gobierno está obviando ese mandato y regalando la nacionalidad a personas que ni siquiera cumplen un requisito tan trivial.

Finalmente, cuando los nuevos nacionalizados no indican en qué provincia deciden votar es el Gobierno el que les asigna una de manera arbitraria. Con semejante poder discrecional, Sánchez dispondría de más de dos millones de votos para ubicarlos en aquellas circunscripciones que sean de su interés en función del recuento de las papeletas. A este respecto es preciso recordar que el PSOE venció en el voto exterior en las pasadas elecciones autonómicas, a pesar del batacazo sin paliativos que recibió de los votantes del interior.

En este contexto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado en esRadio su rechazo a esta operación de "ingeniería electoral" a través de la cual Sánchez estaría fabricando "nuevos votantes", y ha anunciado una reforma profunda de la Ley de Nacionalidad si llega a gobernar. Igualmente crítica se ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al denunciar la multiplicación de "agentes gubernamentales en las embajadas españolas para jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños". A su juicio, esa actuación "obedecería a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo electoral".

El PP y Vox no pueden aceptar unos hechos consumados en la confianza de que el voto de los recién nacionalizados reproducirá el equilibrio de fuerzas que existe entre los votantes actuales. Aunque los partidos de la derecha española resultaran beneficiados, es preciso poner orden en un escándalo legal que sienta las bases para futuros pucherazos. Desde esa perspectiva, es preciso aplaudir iniciativas como la del partido Iustitia Europa para que la Junta Electoral Central evite, en última instancia, que el Gobierno de España sea decidido por extranjeros que jamás han pisado nuestro país.