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Pablo Planas

Un artefacto demográfico en los cimientos de España

Sólo en Cataluña se han presentado a la regularización más de los que dijo el Gobierno que se registrarían en toda España.

Varias personas hacen cola en una oficina de atención al ciudadano, a 20 de abril de 2026, en Barcelona. | Europa Press

Tras cifrar la regularización masiva en, como mucho, medio millón de personas, el Gobierno de Pedro Sánchez dice ahora que serán más de un millón trescientas mil. O muchas más. Es más que probable que se haya triplicado la estimación inicial del Ejecutivo, que acusó de mentirosos, manipuladores y buleros a quienes pusieron en duda sus datos. Lo que se suele decir en estos casos es que, en cualquier otro país, cualquier otro gobierno habría caído con estrépito tras semejante fraude. Pero aquí aún se pasea la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, por los medios afines diciendo que siente "orgullo de España", que los regularizados ya estaban aquí y ahora pagarán impuestos, que nunca jamás se ha producido un efecto llamada y que los servicios públicos no se colapsarán porque todos los nuevos ciudadanos ya hacían uso de ellos.

Es muy complicado mentir tanto, pero por eso también es la portavoz del Gobierno. Las consignas que maneja no resisten en el más mínimo juicio crítico. Supongamos que sólo se ha regularizado a un millón y medio de personas. El personal que guardaba turno en las colas de los consulados no estaba formado por familias, de modo que ese millón y medio habrá que multiplicarlo por cuatro, cinco, seis o más en cuanto arranquen los procesos de reagrupación familiar. También se ha dicho que no se ha producido un efecto llamada. Claro. Y las furgonetas con matrícula francesa descargando personas ante el consulado de Argelia en Barcelona son pura coincidencia. Sucede que en la capital catalana el punto de atención estuvo en el consulado de Pakistán, colapsado durante semanas por cientos de miles de hombres. No hombres, mujeres y niños. Total, que sólo en Cataluña se han presentado a la regularización más de los que dijo el Gobierno que se registrarían en toda España.

Barcelona es una ciudad en la que proliferan los negocios que apestan a blanqueo de capitales atendidos por auténticos esclavos procedentes en su mayor parte de la región más poblada de Pakistán, el Punjab. La comunidad pakistaní lleva décadas en Barcelona y fue determinante, por ejemplo, para que el actual alcalde, Jaume Collboni, ganara las primarias que le consagraron como líder municipal del PSC. La comunidad punjabí del partido votó en masa a favor del que años después lograría arrebatar la alcaldía a Ada Colau. Cosas de socialistas. Son unos ases en la materia de alterar procesos electorales.

Digresiones aparte, la regularización masiva de Pedro Sánchez presenta aristas legales y políticas muy considerables. No es descartable que legalmente la regularización quede en papel mojado. Depende del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero a Sánchez eso le da lo mismo. Él ya ha colocado un artefacto demográfico en los cimientos de España de incalculables efectos y no sólo en el plano electoral. La incorporación repentina de millones de personas en un sistema público que presenta ya graves deficiencias y peligrosas grietas nos lleva directamente al colapso.

El Gobierno presume de las muchas personas que tienen acceso a las ayudas sociales, pero una organización más cercana al sanchismo que a la Iglesia como Cáritas alerta de que en España hay más de cuatro millones de personas en situación de pobreza severa, muchos de los cuales se saltan comidas o no comen durante días. Y no, no es una moda dietética.

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