Si por algo se recordará el mandato de Pedro Sánchez es por su obsesión por controlar todas las instituciones del Estado, pero particularmente la Justicia. "¿De quién depende la Fiscalía? —preguntó retóricamente el presidente del Gobierno en noviembre de 2019— Pues eso", espetó por si a alguien le quedaba alguna duda del control que el Ejecutivo ejercía sobre el Ministerio Público. Tres años después, sus tentáculos llegan al Tribunal Constitucional, el tribunal que tiene la última palabra sobre todas las leyes que se aprueban en nuestro país.
En su afán por blindar el viraje progresista del mismo, el PSOE ha presentado una enmienda a la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial que permite al Gobierno nombrar a sus magistrados sin esperar al Consejo General del Poder Judicial, pero que, además, suprime la necesaria mayoría de tres quintos para que éste nombre a los suyos e incluso amenaza con la cárcel a los jueces que no colaboren en este particular asalto al TC.
El porqué de la última enmienda
En estos momentos, tanto las leyes más polémicas del Gobierno como las promesas que éste ha hecho a sus socios de Bildu y ERC dependen de la renovación de cuatro miembros: dos a propuesta del propio Ejecutivo y dos a propuesta del CGPJ. El problema es que todos han de renovarse al mismo tiempo: o todos o ninguno.
Sánchez ya tiene a sus elegidos y, con ellos, sería suficiente para contar con una mayoría progresista. Sin embargo, el bloqueo del órgano de los jueces puede aguarle la fiesta. De ahí este golpe de timón que ha sorprendido incluso a quienes ya pensaban que el Ejecutivo no podía llegar más lejos, porque no hay que olvidar que éste es tan solo el último eslabón de una cadena de reformas a medida que el PSOE ha ido aprobando a lo largo de los últimos dos años para garantizarse el control de la Justicia.
El primer chantaje al PP
El primer paso en este sentido lo dio en marzo de 2021, cuando aprobó una normativa que impedía a un Consejo General del Poder Judicial en funciones renovar los cargos necesarios para el normal funcionamiento de los tribunales. El objetivo: trasladar al PP toda la presión del bloqueo del CGPJ, sin importarle los daños colaterales que pudiera sufrir —y que, de hecho, ha sufrido— la ciudadanía, con miles de resoluciones judiciales completamente paralizadas.
Poco le importaron las consecuencias de las que advirtió el propio Gabinete Técnico del Tribunal Supremo: "Va a implicar que se dictarán aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año".
Una excepción a medida
Si el principal partido de la oposición no se avenía a acordar los nombramientos del órgano de Gobierno de los jueces, le culparía de tal parálisis. El fin justificaba los medios. Lo único que podía preocuparle a Sánchez era que la ley se volviera en su contra y, cuando eso sucediera, siempre podría volver a cambiarla, como de hecho terminó haciendo en junio de este mismo año.
Al no sucumbir al chantaje, la ley aprobada por el Gobierno abocaba también al bloqueo del Tribunal Constitucional, cuya renovación se antojaba absolutamente necesaria para lograr una mayoría progresista y poder cumplir así las promesas realizadas a sus socios. Ante esta disyuntiva, el Ejecutivo no dudó entonces en aprobar una excepción a su propia norma: el CGPJ en funciones seguiría sin poder hacer nombramientos, salvo los que más le interesaban al Gobierno, los relativos al tribunal que tiene la última palabra sobre todas las leyes que se aprueban en España.
¿A la tercera va la vencida?
De esta forma, el Gobierno creía garantizarse sus pretensiones. Sin embargo, aún quedaba una piedra en el camino: la renovación del Tribunal Constitucional ha de hacerse por tercios y, de los cuatro magistrados que corresponde renovar ahora mismo, dos han de ser elegidos por el Gobierno y dos por el CGPJ. Es decir, que o se aprueban todos o no se aprueba ninguno.
Hace diez días, el Ejecutivo de Pedro Sánchez puso sobre la mesa sus dos nombres: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la que hasta hace sólo seis meses era directora general del Ministerio de Presidencia a las órdenes de Félix Bolaños, Laura Díez. El problema es que el órgano de Gobierno de los jueces sigue sin llegar a un acuerdo, lo que, en la práctica, impide al Ejecutivo consumar el viraje progresista del Tribunal Constitucional.
Precisamente para sortear este último impedimento, el PSOE presenta ahora una enmienda a medida a la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial: a partir de ahora, pasados tres meses de bloqueo, el Gobierno podrá nombrar a sus magistrados sin esperar al CGPJ y éste ya no necesitará una mayoría de tres quintos para elegir a los suyos, sino que bastará con mayoría simple. De esta manera, el Gobierno se garantiza la renovación de un órgano absolutamente politizado, que blindará sus intereses y los de sus socios de Bildu y ERC.
A la espera de lo que suceda en los próximos días, lo que está claro es que, si algo ha demostrado Sánchez es que está dispuesto a todo con tal de conseguir su propósito. Así lo atestiguan las tres reformas a medida presentadas en los dos últimos años y a las que, además, se añade una nueva amenaza: aquellos jueces que no colaboren en su particular asalto al TC podrán enfrentarse incluso a la cárcel, una responsabilidad penal que, curiosamente, no se extiende a los políticos que incumplen su obligación constitucional.