El gobierno regional catalán ha encontrado un filón en los pactos del PP y Vox en la Comunidad Valencia y Baleares para justificar sus medidas en contra del idioma español y redoblar la ofensiva. De entrada, desde la Generalidad catalana se asegura que se hará todo lo posible por boicotear los planteamientos favorables a la libre elección de lengua en la educación. Para ello cuentan con la complicidad de las autoridades salientes en ambas comunidades, sus partidos y los sindicatos de la enseñanza, así como las entidades montadas en torno a la inmersión lingüística y la erradicación del español.
La portavoz de la Generalidad de Cataluña, Patrícia Plaja, aseguró la semana pasada en alusión al pacto del PP y Vox en Valencia que se habían iniciado "los contactos con todos los actores que son los pilares imprescindibles para proteger nuestra lengua y nos tendrán a su lado en esta lucha democrática que debe convertirse en un ejemplo de resistencia". Las palabras de Plaja eran una declaración de guerra en toda regla contra el nuevo gobierno autonómico valenciano extensible a las Baleares.
El gobierno catalán agudiza el perfil separatista, recupera los "países catalanes" como ámbito de actuación en claro desafío contra la legalidad y el resultado de las urnas en las regiones limítrofes y anuncia una nueva ley audiovisual que amplía los efectos y cuotas de la imposición del catalán tanto en los servicios en línea como en los recibidos por demanda.
Imposiciones a entes públicos y privados
La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha vendido el nuevo proyecto de ley de comunicación audiovisual de Cataluña como "una ley de país para promover el catalán en el sector audiovisual" y ha prometido destinar más dinero público a la producción de contenidos subvencionados en catalán.
Según el comunicado emitido por el ejecutivo autonómico, "la ley amplia las medidas para proteger el catalán y el aranés no sólo en la programación de los servicios lineales de comunicación audiovisual públicos y privados (radio y televisión) sino también en los catálogos de los servicios de petición, además del ámbito digital y de las redes sociales, los sistemas operativos y los equipos de consumo".
Entre las medidas destaca que los prestadores de servicios lineales de televisión deberán reservar un mínimo del 51% del tiempo de emisiones de obras audiovisuales europeas (directiva europea) a obras producidas originalmente en catalán o aranés. En cuanto a las plataformas, la mitad de todo su catálogo europeo deberá estar compuesto por obras en catalán.
"Presión estética"
La vicepresidenta Vilagrà se ha mostrado especialmente orgullosa de que la ley incluye medidas contra la "presión estética" que se concretan en que obligará a informar expresamente sobre las imágenes de las personas que haya sido manipuladas o retocadas. Sin embargo no se ha concretado cómo se hará dicha información.
Además, la comparecencia de Plaja y Vilagrà este martes, tras la reunión del gobierno catalán, ha servido para presumir del cumplimiento de las medidas a favor de la erradicación del español, el plan que la Generalidad emprendió el pasado noviembre y con el que se creó la figura, entre otras, del comisario lingüístico en los hospitales. El grueso de las propuestas se encuentra en fase de aplicación, según la portavoz Plaja.