
Oriol Junqueras fue el que anticipó que la amnistía "estaba ya pactada" con los negociadores de Pedro Sánchez. El propio Pedro Sánchez decidió ni participar en el debate de investidura de Núñez Feijóo. Y ahora su equipo negociador filtra que el "acuerdo está prácticamente cerrado". Cierto o no, lo que es indudable es que Sánchez se ha prestado a negociar una plena demolición del estado de derecho por medio de una amnistía de los golpistas separatistas y un referéndum independentista.
Mientras el Gobierno filtra que quiere una sesión de investidura en breve, el equipo negociador, del que forma parte el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha empezado a filtrar que el acuerdo está "prácticamente" cerrado. Y hay que recordar que las exigencias de Junts, ERC y Bildu no han variado: ley de amnistía que considere legítimo el 1-O y todos sus actos violentos y un referéndum de ruptura de la unidad de España.
Es más, el PNV ha votado ya en contra de Núñez Feijóo como candidato a la investidura. Y ese mismo PNV ha trasladado una completa agenda de exigencias a Sánchez que incluye un complejo esquema de toma de poder de organismos e instituciones clave del Estado.
Así, el listado de registro de iniciativas parlamentarias ha tenido un repentino despegue. Un impulso, todo él, en dirección hacia la ganancias del PNV en el control de cuatro áreas decisivas. Ese registro recopila en estos momentos la "Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales", del PNV -presentada "el 29/08/2023 y calificada el 05/09/2023-"; la "Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional", del PNV -presentada "el 29/08/2023 y calificada el 05/09/2023"; la "Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial", del PNV -presentada "el 29/08/2023 y calificada el 05/09/2023"; y la "Proposición de Ley de modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia y de la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia", del PNV -presentada el 29/08/2023 y calificada el 05/09/2023.
Listado de emergencia de las exigencias del PNV
Todas las normas tienen un mismo sentido: incrementar el peso, decisión y capacidad de control del PNV de organismos clave nacionales. Y han entrado como precio de emergencia de lo obvio: de una posible investidura del futuro presidente del Gobierno de España.
Es lógico pensar que, conocidas esas exigencias por el resto de separatistas, habrán producido un efecto imitación en los despachos de Bildu, Junts y ERC.
Y, todo ello, mientras el Gobierno sabe perfectamente lo gravedad de lo que está negociando con Junts y ERC: además de un referéndum separatista, la amnistía. De hecho, sabe que los informes elaborados, entre otros, por la Asociación de Fiscales, alertan de que una amnistía implicaría de facto la despenalización del golpe separatista del 1-O por la deslegitimación implícita que conllevaría para los delitos afectados: a pasado y a futuro. Y lo sabe de tal manera que, de hecho, en las comunicaciones mantenidas por sus negociadores con gente de Junts, los portavoces del Gobierno han esgrimido ese factor como catalizador del pacto de investidura entre los separatistas y Pedro Sánchez. Por eso han trasladado su postura de que no es necesario definir demasiado un referéndum de forma expresa porque el vaciado penal de la amnistía permitiría repetir los delitos sin tener persecución penal alguna. Esto se traduce en que los efectos de la amnistía harían que se pudiera repetir un 1-O sin castigo.


