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El Gobierno busca minar el poder territorial del PP provocando la discordia entre sus barones

Sánchez actuará contra Feijóo para generar incoherencias, desconcierto y descoordinación.

Sánchez actuará contra Feijóo para generar incoherencias, desconcierto y descoordinación.
El presidente andaluz, Juanma Moreno y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tras la firma este lunes en Huelva del acuerdo que el Gobierno y la Junta de Andalucía han alcanzado sobre los regadíos del entorno de Doñana. | EFE

El Gobierno de Pedro Sánchez es consciente de que la legislatura no sólo se presenta complicada por el juego de equilibrios que tendrá que realizar con sus socios en el Congreso para superar todas las votaciones.

El poder que el PP ejerce en las Comunidades Autónomas, controlando 12 ejecutivos autonómicos, y el Senado supone un cortafuegos que Moncloa no está dispuesta a admitir, por lo que ya prepara el terreno para arrebatar esa baza a Alberto Núñez Feijóo.

Además de estudiar un cambio legislativo para que la Cámara Alta no pueda vetar la senda de estabilidad, y con ello los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno aspira ahora a utilizar todos los resortes que tiene a su disposición para sembrar la discordia en el PP enfrentando a sus barones regionales y creando un verdadero quebradero de cabeza a la dirección nacional en su dura batalla contra Pedro Sánchez.

Tres vías con un objetivo

Para lograrlo, el Ejecutivo ha activado tres vías: tentar a los gobiernos autonómicos para acogerse a una condonación de la deuda como la de Cataluña —aunque mucho más limitada en cuantía—, pactar el acuerdo con determinadas regiones mientras cerca a otras y, por último, ir al choque permanente prometiendo medidas que invaden competencias autonómicas, lo que provocará todo tipo de conflictos en los tribunales.

Perdonar deuda a las regiones es un caramelo envenenado que la dirección nacional del PP no ha rechazado de forma tajante, dada la autonomía que tienen sus presidentes autonómicos, que tampoco han aclarado de forma unánime si se acogerán a la propuesta del Gobierno. Una situación que puede provocar incoherencias y dificultar el discurso de Feijóo contra Sánchez. La vicepresidenta y ministra de Hacienda María José Montero deslizó hace días, satisfecha, que algunas comunidades del PP están interesadas en la oferta.

Reciclando estrategias

El Ejecutivo de Sánchez también aspira a relacionarse con los barones del PP de forma distinta en función de la comunidad, como ha dejado patente esta semana llegando a un acuerdo con el andaluz Juanma Moreno para Doñana, mientras muestra el mayor de los desprecios hacia la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazando invitarla a la inauguración del AVE Madrid-Asturias.

En Moncloa no dudan en elogiar al presidente andaluz. Dicen que "la interlocución institucional es buena" y que existe "lealtad institucional" por parte de Moreno Bonilla. Es una de las estrategias que ya utilizó en el pasado cuando ensalzaba la "moderación" de Feijóo, por entonces presidente de Galicia, frente al de la presidenta madrileña.

Como ya quedó patente durante la pandemia, Sánchez ha tenido siempre en su punto de mira al gobierno de Ayuso, con el que protagoniza constantes encontronazos. La presidenta tuvo que recurrir el llamado impuesto a los ricos que, dada la elevada renta de Madrid, perjudica especialmente a esta región. Una vez avalado por la Justicia, Ayuso ha reclamado que la recaudación se quede en la Comunidad. Algo similar ha ocurrido con la gestión del agua ante el boicot de Sánchez para controlar el abastecimiento en Madrid.

Invasión de competencias

La tercera y última de las estrategias tiene que ver con las competencias. Parte del programa anunciado por Pedro Sánchez durante su discurso de investidura entra en colisión con las autonomías y ayuntamiento. Un ejemplo: la decisión de construir 183.000 viviendas públicas y cuya edificación compete a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

También en el plano legislativo, el Gobierno va a entrometerse en las competencias autonómicas. Sánchez y la flamante ministra de Sanidad, Mónica García, han anunciado que harán una ley para reducir las listas de espera, pese a que las competencias de gestión sanitaria están transferidas a las comunidades autónomas, salvo en Ceuta y Melilla.

La idea del Gobierno es que no se tenga que esperar más que 4 meses para una operación y 60 días para la consulta con el especialista. La norma prevé sanciones y, de momento, no se espera que cuente con ayudas a los Ejecutivos autonómicos para atajar las listas de espera.

Así que el PSOE saldría bastante beneficiado de este choque de competencias y de acusar de ineficacia a las comunidades por no reducir las listas de espera, teniendo en cuenta que la izquierda sólo gobiernan en 3 comunidades (Asturias, Navarra y Castilla la Mancha) frente a las 12 comunidades gobernadas por el PP más Canarias donde, pese a no ostentar la presidencia, los de Feijóo tienen medio Gobierno autonómico.

La misma estrategia que con la sanidad es la que seguirá el Gobierno con la ley de dependencia. Durante su discurso de investidura, Pedro Sánchez anunció también que fijarán por ley un máximo de 30 días para que los ciudadanos en situación de dependencia puedan recibir la ayuda que les corresponde en virtud de la ley aprobada en tiempos de Zapatero. El problema, al igual que con la Sanidad, es que el Ejecutivo central tiene las competencias transferidas y son las comunidades las encargadas de las evaluaciones y las ayudas.

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