
Aunque en las últimas horas los argumentos de Vox para romper los gobiernos con el PP han variado ligeramente, lo cierto es que la formación de Santiago Abascal lleva días alegando que aceptar el reparto de inmigrantes "iría claramente en contra del espíritu y la letra de los pactos regionales" firmados. "Nos hemos mal acostumbrado a que firmen acuerdos y hagan lo contrario. El PP firmó acuerdos que le permitieron llegar al Gobierno sabiendo esto. No son una broma, no son un cheque en blanco. Hay que cumplir lo pactado", advirtió la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán.
En el comunicado remitido en la noche del miércoles, sin embargo, Vox ya no hablaba de lo firmado en dichos documentos -accesibles a cualquiera que haga una rápida búsqueda en Internet-, sino a las supuestas "conversaciones internas mantenidas en las últimas semanas". El cambio de discurso no es baladí, sino que responde a una realidad fácilmente constatable: en ninguno de los cinco acuerdos rubricados por PP y Vox se menciona el asunto que hoy pone en jaque la gobernabilidad de hasta cinco comunidades autónomas.
En el de Extremadura, ni siquiera se habla de inmigración en ni una sola de las 60 medidas que ambos partidos se comprometen a impulsar; en el resto, se alude a cuestiones genéricas que, en ningún caso, hacen alusión al reparto de los llamados menas.
Castilla y León
El 10 de marzo de 2022, Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo sellaban el primer pacto de Gobierno PP-Vox en Castilla y León. Tras arduas negociaciones, ambos firmaban un documento que contemplaba 32 medidas "para conformar un programa estable de gobierno con pleno respeto al orden constitucional y al Estatuto de Autonomía".
El último punto, precisamente, es el único que hace alusión a la inmigración, poniendo el acento en la lucha contra las mafias ilegales, pero sin mencionar a los menores que ya están en nuestro país. "Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León", reza literalmente el documento.
Comunidad Valenciana
Si para el PP, de lo firmado en Valladolid no se puede desprender el compromiso de rechazar el reparto de menas, menos aún del documento pactado con Vox en la Comunidad Valenciana. El acuerdo de Gobierno sellado por Carlos Mazón y Carlos Flores el 13 de junio de 2023 contempla un total de 50 medidas para dotar a la región de "un gobierno estable".
El punto 48 es el único que alude a la inmigración y reza así: "La Generalitat Valenciana, dentro del ejercicio de sus competencias, pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias. De igual manera, eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas".
Aragón
Precisamente a las subvenciones es a lo único a lo que se alude en el acuerdo firmado en Aragón: "Exigiremos en todas las normas y convocatorias para el acceso a subvenciones y ayudas del Gobierno de Aragón la acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento. Suprimiremos cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos".
Lo que ocurre cuando VOX gobierna 💪🇪🇸
Estas son las medidas que se aplicarán en Aragón para garantizar el bienestar de las familias, los trabajadores y emprendedores ⬇️ pic.twitter.com/bdfyGgruD6
— VOX 🇪🇸 (@vox_es) August 4, 2023
La medida, además, ni siquiera se enmarca en un capítulo específico de inmigración, sino que está incluido en un apartado relativo a la lucha contra la okupación. A pesar de contar con nada menos que 80 puntos, en ningún otro se alude al que ahora parece haberse convertido en un asunto capital para mantener los Gobiernos autonómicos.
Murcia
El último pacto regional firmado entre PP y Vox fue el de Murcia. El 5 de septiembre de 2023, Fernando López Miras rubricó con la formación de Santiago Abascal un extenso documento que decía responder al objetivo de ambas formaciones de "establecer gobiernos estables y sólidos" y "evitar gobiernos de izquierda", algo que hoy parece caer en saco roto.
De las 30 medidas incluidas, solo una hace mención a la inmigración, sin referirse, en ningún caso, al reparto de menas que se sitúa en el centro de la polémica: "Apostamos por la coordinación de las Policías Locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir la delincuencia, erradicar con eficacia la acción de las bandas organizadas y luchar contra las mafias".

