Ante la ofensiva judicial que asedia al PSOE y a Pedro Sánchez, los socios nacionalistas del Gobierno optan por mostrar una sutil, o incluso, nula reacción. Tras el último informe de la UCO que señala como pieza clave en el caso Koldo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, o la reciente imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, Junts y PNV han preferido esconderse de los medios de comunicación evitando ser preguntados por los casos de corrupción que salpican al Gobierno. Y es que ahora no es un buen momento para rifirrafes entre socios ya que podrían dificultar las negociaciones para una nueva senda de déficit y con ella los Presupuestos Generales del Estado.
El líder de Junts, Carles Puigdemont, sabe que sus siete diputados en el Congreso son quieres marcan el futuro de la legislatura y está dispuesto a todo con tal de salir beneficiado con cesiones para Cataluña y el independentismo. Por eso, están convencidos de elevar sus exigencias mientras Sánchez cada vez está más acorralado por los escándalos de corrupción. Una estrategia a la que también se ha acogido el PNV y Bildu precisamente la semana en la que se ha llevado al Boletín Oficial del Estado la reforma de la ley de convalidación de penas por la que hasta 52 etarras se podrán beneficiar y 7 podrán salir de la cárcel este mismo año.
Mientras otros socios como ERC reconocen que "nadie ha hablado con ellos", en el Gobierno ya admiten que "si Junts quiere, habrá nueva senda de déficit", abriendo la posibilidad de que los de Carles Puigdemont modifiquen a su antojo el texto. Sólo sería necesario convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera sin necesidad de volver a pasar por el Consejo de ministros que a principios de septiembre, volvió a aprobar el mismo techo de gasto que el partido de Puigdemont tumbó en un pleno de julio.
Tras cambiarlo, para asumir las exigencias de Junts, se remitiría de nuevo al Congreso donde sí esperan que reciba luz verde antes de diciembre. En el calendario del Gobierno está marcado en rojo el cónclave interno de Junts que, a finales de octubre, elegirá en Calella a su nueva dirección. Hasta entonces, el Ejecutivo ha decidido no someter a votación la senda de déficit retrasándola sine die para evitar otra derrota parlamentaria.
Otras concesiones sobre la mesa
La otra baza con la que el Gobierno cuenta para atraer a sus socios separatistas catalanes, Junts y ERC, es la financiación y la gestión del concierto económico que el PSC pactó con ERC a cambio de investir a Salvador Illa. El Ejecutivo sigue sin desvelar todo su plan, pero ya advierte que, si hay Presupuestos, en 2025 se aprobaría la cesión del 100% del IRPF a Cataluña, una medida que entraría en vigor en 2026. "Vamos paso a paso", aseguran fuentes del Ejecutivo que avisan a los separatistas que "primero necesitamos Presupuestos".
La idea de Moncloa es ver cómo se ejecuta esta cesión para, a continuación, pasar a la "gran totalidad de los impuestos". En Moncloa creen necesario tocar la LOFCA, Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades autónomas, para hacer posible todos estos cambios y aquí, de nuevo, necesitan a Junts ya que para sacar adelante una ley orgánica necesitan mayoría absoluta y no vale con una simple.