El vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y magistrado de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Luis Sanz, ha desgranado las problemática de los ataques que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra los jueces que se encuentran investigando los supuestos casos de corrupción cercanos al jefe del Ejecutivo. "Es inimaginable en Europa", ha dicho recalcando el respeto a la Justicia que debe haber en une estado democrático.
"Asistimos estupefactos a los ataques a los jueces; no a los jueces en general, sino a los que están instruyendo las causas contra su entorno", ha recalcado el magistrado en una entrevista concedida a La Noche de Cuesta de esRadio. En esta, Sanz ha analizado que lo que pretende la cúpula del PSOE con estos ataques es "condicionar la actuación judicial" y "desprestigiar la Justicia" para que la ciudadanía deje de creer en las resoluciones judiciales.
En este sentido, ha señalado que, si se discrepa de una decisión judicial, se debe recurrir; pero no atacar a la Justicia, y más si se tiene un cargo como el de jefe del Ejecutivo. Es algo, según ha dicho, en lo que coinciden todas las asociaciones de jueces y fiscales, que han criticado las palabras de Sánchez en su entrevista concedida a RTVE en las que aseveraba que "hay jueces haciendo política".
"Hasta Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) lo ha criticado", ha recalcado antes de contextualizar que esta asociación es de las autodenominadas progresistas y que, por tanto, más cercana al PSOE. En el caso de JJpD, las declaraciones han recriminado "tibiamente" al secretario general de los socialistas subrayando que "quizá" sean palabras que no debería decir el presidente del Gobierno; pero todas las demás han sido contundentes calificando de "graves y populistas" sus ataques.
La UE pone límite a las críticas
Sanz ha expuesto que, además, se trata de unas críticas que se encuentran limitadas por la Unión Europea, cuyas recomendaciones para tener salud democrática en los países miembros "ponen límite" a las críticas a la Justicia por parte de los servidores públicos con el objetivo de no menoscabar la confianza de los ciudadanos en las sentencias judiciales.
Por ello, ha recordado que es diferente la "crítica legítima" a las "faltas de respeto" que han esgrimido en los últimos meses los dirigentes socialistas respecto a los encargados de los procesos de instrucción que investigan los supuestos casos de corrupción que afectan a su formación.
La Ley Bolaños, un arma para el Gobierno
Al respecto de la Ley Bolaños –que se encuentra siendo tramitada—, Sanz ha argumentado que, aunque en otros países europeos se haya concedido el proceso de instrucción a los fiscales, esta opción en España no se debería llegar a dar porque el sistema español de la Fiscalía es mucho más jerárquico y depende en última instancia del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
Esta estructura del sistema no permitiría que se produzca una instrucción limpia a los imputados, ya que, a su juicio, la Fiscalía española es "muy dependiente" del Ejecutivo y esta podría ser utilizada como un arma para el Gobierno de turno. En este caso, el Ejecutivo no sólo podría utilizar a la Fiscalía para evitar las investigaciones de su propia corrupción, sino que este también podría usarla para fiscalizar injustamente a la oposición.