El próximo lunes 2 de marzo se presenta como una fecha clave para José Luis Rodríguez Zapatero, quien deberá comparecer ante la comisión de investigación del Senado. Este proceso llega en un momento de extrema debilidad para el expresidente, tras conocerse nuevas informaciones que vinculan su actividad privada con una trama de blanqueo de capitales relacionada con la aerolínea Plus Ultra. Según las últimas revelaciones, Zapatero no solo mantenía una relación cercana con el empresario Julio Martínez, sino que ambos habrían mantenido encuentros furtivos en el monte de El Pardo, lejos de las miradas indiscretas, portando bolsas con documentación sensible y haciendo uso de dispositivos de comunicación de difícil rastreo.
Uno de los puntos más oscuros de esta comparecencia será la explicación sobre la empresa Análisis Relevante, considerada una sociedad instrumental de Julio Martínez. Esta entidad habría recibido fondos de Plus Ultra para, posteriormente, abonar cantidades ingentes al expresidente y a sus hijas, Alba y Laura Zapatero. En concreto, se investigan pagos por valor de 460.000 euros al exmandatario socialista y otros 198.000 euros a sus descendientes. Estas cifras resultan especialmente sospechosas si se tiene en cuenta que los trabajos realizados parecen ser inexistentes o, en el mejor de los casos, elaborados por terceros a un precio infinitamente menor.
En este sentido, el testimonio de Sergio Sánchez, exalto cargo del CNI, resulta demoledor. Sánchez ha admitido ser el verdadero autor de los informes por los que Zapatero se embolsó casi medio millón de euros, habiendo cobrado él únicamente 18.000 euros por dicho trabajo. Esta desproporción salarial sugiere que los pagos al expresidente podrían encubrir otro tipo de contraprestaciones políticas. Zapatero, que por el momento no figura como imputado, no podrá acogerse a su derecho a no declarar, lo que le obliga legalmente a responder a las preguntas de los senadores bajo la amenaza de incurrir en un delito de falso testimonio si falta a la verdad.
Las preguntas que teme Zapatero
Los interrogantes que planean sobre la figura de Zapatero son múltiples y de una gravedad institucional sin precedentes. Se le preguntará por el uso de móviles desechables en sus comunicaciones con Martínez y por las reuniones mantenidas en su domicilio de Aravaca, donde presuntamente se fraguaron decisiones vinculadas al rescate público de Plus Ultra. Resulta difícil de justificar que una aerolínea con un solo avión operativo y una cuota de mercado ínfima recibiera 53 millones de euros del erario público sin que mediaran presiones desde las más altas esferas del poder socialista.
La sombra de la dictadura venezolana también se proyecta sobre este escándalo. Las informaciones publicadas apuntan a que Zapatero habría viajado a Venezuela en aviones del régimen de Nicolás Maduro junto a Julio Martínez. Las sospechas de mediación en favor de los intereses del chavismo y la posible existencia de pagos en especie, como la titularidad de una mina de oro, serán temas centrales en el interrogatorio. Además, la fiscalía ha recibido información sobre supuestos sobres con cupones de petróleo enviados por Delcy Rodríguez, lo que reabre el debate sobre la posible financiación ilegal del PSOE.
Por otro lado, la relación de Zapatero con Segundo Martínez, quien fuera su jefe de seguridad en la Moncloa y actual responsable de seguridad en la tecnológica china Huawei, añade una nueva capa de sospecha. Se investigan contactos recientes entre el entorno de Martínez y el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, justo cuando han surgido denuncias internas de extrema gravedad. Esta red de influencias y favores personales dibuja un panorama de corrupción sistémica que Zapatero deberá intentar desmentir en sede parlamentaria, aunque los precedentes de su partido no invitan al optimismo.
Finalmente, el silencio de Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, durante su reciente comparecencia en el Senado, no ha hecho sino aumentar las dudas. Aunque Martínez Sola calificó las acusaciones de bulos mediáticos, se negó a responder a preguntas básicas, como el número de aviones que la compañía tenía operativos en el momento del rescate. Por si fuera poco, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha alegado una supuesta incapacidad para localizar al otro Julio Martínez, el empresario implicado, a pesar de ser una figura pública con domicilio y negocios conocidos, lo que supone un nuevo capítulo en el blindaje institucional del que gozan los amigos del Gobierno.