Carlos Cuesta ha dedicado su editorial de este martes a denunciar lo que considera un "proceso de deterioro institucional" en España, centrado en la actuación de la Fiscalía, el papel del Gobierno y la presión sobre jueces y fiscales en el marco de los principales casos de corrupción.
Según ha expuesto en el programa de esRadio La Noche de Cuesta, la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, estaría actuando en contra de los principios constitucionales que rigen la institución, al interferir en decisiones relacionadas con la colaboración de investigados en causas de corrupción.
"La Fiscalía no está para servir al poder político"
Cuesta ha subrayado que la Fiscalía tiene "obligaciones constitucionales" que pasan por perseguir el delito con independencia del poder político:
"La función de la Fiscalía, por mucho que se piense Pedro Sánchez, no es servir al amo. Es buscar y perseguir el delito", ha señalado en su editorial.
En este sentido, ha criticado lo que interpreta como una deriva en la que determinadas decisiones judiciales o fiscales estarían condicionadas por intereses políticos, algo que, a su juicio, "no encaja en el marco del Estado de Derecho".
Beneficios penitenciarios en el caso Aldama
Uno de los ejes del editorial ha sido la situación del comisionista Víctor de Aldama, investigado en el marco del conocido caso Koldo. Según Cuesta, existiría una presión para limitar los beneficios penitenciarios de los que podría beneficiarse por su colaboración con la Justicia.
El periodista ha defendido que Aldama habría aportado documentación relevante para la investigación, incluyendo manuscritos, contratos y audios relacionados con la presunta trama de adjudicaciones públicas.
En su intervención, Cuesta ha insistido en que la colaboración con la Justicia debería tener consecuencias positivas en la aplicación de la pena, tal y como prevé el derecho penal, y ha criticado que, en su opinión, se esté intentando penalizar esa cooperación.
Denuncias de una "cloaca" contra jueces y fiscales
El editorial también ha abordado la existencia de lo que Cuesta denomina una "cloaca" destinada a desacreditar a jueces, fiscales y periodistas que investigan casos de corrupción.
En este contexto, ha mencionado al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como a distintos magistrados, a quienes sitúa en el centro de presiones derivadas de su actuación en causas sensibles.
Según su análisis, uno de los objetivos de estas dinámicas sería "desactivar" a quienes impulsan investigaciones sobre la denominada trama Koldo y otras causas de corrupción.
Críticas a la separación de poderes
Cuesta ha extendido sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a quienes acusa de no respetar plenamente la separación de poderes.
En su intervención ha defendido que la democracia se sustenta en la independencia judicial y ha advertido de lo que considera un debilitamiento de ese principio:
"Si el Poder Ejecutivo se adueña del Poder Judicial, la democracia ha terminado", ha afirmado.
También ha cuestionado reformas legislativas en tramitación o debate, a las que se refiere como parte de una estrategia para influir en la estructura del sistema judicial.
Una cronología de la "intervención institucional"
El editorial ha trazado además una cronología política que, según Cuesta, refleja una progresiva intervención en las instituciones judiciales desde 2018, con hitos como la renovación de órganos constitucionales o el bloqueo de determinados nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial.
En esa línea, ha sostenido que distintos acuerdos políticos habrían favorecido cambios en el equilibrio del Tribunal Constitucional, lo que habría tenido impacto en el funcionamiento del sistema de contrapesos institucionales.