El terrorismo de Estado es una forma de violencia ejercida por un gobierno o aparato estatal contra la población, o contra determinados grupos dentro de ella, con el objetivo de controlar, reprimir o eliminar la oposición y mantener el poder. Me temo que esto es justo a lo que hemos asistido en las últimas semanas con las revelaciones del caso que investiga el juez Pedraz.
En las últimas horas, hemos conocido que, presuntamente, la Fiscalía General del Estado conspiró con Leire Díez atacar a la jueza Beatriz Biedma como represalia por imputar al hermano de Pedro Sánchez.
Todo comenzó con una denuncia que presentó Luis José Sáenz de Teja, un exjuez condenado por violencia contra su mujer que mantenía una enemistad manifiesta con Biedma. En ella, acusaba a la magistrada de conspiración y organización criminal. El escrito llegó a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, la cual la rechazó por una razón elemental: no eran competentes para investigar a una jueza.
Pero la operación no se detuvo ahí. Según consta en las agendas filtradas, justo después de imputar a David Sánchez se volvió a activar la maniobra y Leire Díez decidió acudir directamente a Álvaro García Ortiz, entonces fiscal general del Estado, que acabó tramitando personalmente la denuncia en menos de 48 horas. Entonces, la misma Secretaría Técnica que antes la había rechazado le dio curso y la trasladó a la Fiscalía de Extremadura. Allí, acabó siendo archivada sin practicar ninguna diligencia, ya que no tenía la menor consistencia jurídica.
El objetivo no era realmente que ese escrito tuviese efectos jurídicos reales, pues sabían que era un disparate, sino generar tal estado de presión, aislamiento y amenaza que la jueza Biedma desistiera de seguir investigando al hermanísimo.
Algo parecido ocurrió con la denuncia que también decidieron provocar contra el fiscal José Grinda. Para ello, presuntamente se valieron de Félix Bolaños para que este les tramitara la nacionalidad española de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela. A cambio, este les facilitó el contacto de una mujer de Jaén que había denunciado previamente al fiscal.
Una vez más, el objetivo no era tanto provocar una consecuencia jurídica real –las acusaciones nunca llegaron a buen puerto en ningún juzgado–, sino generar tal estado de angustia en Grinda que este se plegara de una vez y cediera a las presiones de la cloaca para colaborar con ellos.
También podemos citar cuando Leire se reunió en 2020 con un responsable de la Policía Nacional para intentar sacar trapos sucios de la jueza Ayala, o cuando esta le exige al empresario Alejandro Hamlyn información sobre el teniente-coronel Balas. Una y otra vez se usaron las estructuras del Estado para extorsionar, aterrorizar y pisotear a aquellos que podían dificultar que el partido del Gobierno saliese indemne de toda la corrupción que le rodeaba.
Salvando todas las distancias con el plomo, los féretros y la sangre, el mecanismo recuerda inevitablemente al régimen de terror que ETA impuso durante décadas en el País Vasco. El objetivo no era matar a todos, sino que cada juez, cada policía o cada concejal supiera que podía ser señalado, aislado y destruido si cruzaba determinadas líneas.
Aquí no aparece una pistola humeante sobre la mesa, pero el mensaje es inquietantemente parecido: quien por servir a España amenace los objetivos políticos de un determinado partido, sabe que se pondrán en marcha todas las estrategias de intimidación posibles para conseguir que deje de hacerlo. Y cuando las instituciones dejan de proteger a los ciudadanos del miedo para convertirse en quienes lo administran, la democracia ya no vive bajo el imperio de la ley, sino bajo la sombra de la amenaza.