"Pero si lo está afirmando usted", parece decirle el diputado de Junts, el señor Pagès, señalando con el dedo al triministro que acudía como compareciente a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Félix Bolaños, además de ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, preside el Comité de Situación, un órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Sabían las portavoces del PP y Vox —Gamarra y Millán— que el Comité de Situación estuvo reunido el 27 de julio? No le preguntaron. ¿Fue la misma reunión en la que el jefe de Gabinete de Sánchez quitó importancia a las señales de alarma del presidente de Ceuta? No les interesó. Ellas hablan de invasiones. Ponen caras raras y hacen aspavientos. Hay mucha vagancia.
Bolaños contestaba al diputado catalán: "Usted afirma con mucha alegría que Marruecos espió los móviles de miembros del Gobierno de España". Le traicionó el subconsciente, porque el señor Pagès no había dicho tal cosa. ¿O lo hizo conscientemente?
Retrocedamos al año 2022. El 18 de abril, Citizen Lab —un chiringuito vinculado a la Universidad de Toronto— publica el informe Catalangate. Acusa al Estado español de haber espiado a 65 personas que, casualmente, eran todas independentistas y cosas peores. Al día siguiente, el Parlamento Europeo constituye un comité de investigación sobre Pegasus; lo llama Comité PEGA. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se entera de que es uno de los supuestos espiados y monta en cólera.
Así están las cosas cuando alguien en La Moncloa tiene una idea de casquero. Estas son ideas que si se les ocurren a usted o a mí, provocan risas, pero si el ocurrente es un ministro o el jefe de la empresa, triunfan. La crisis con ERC estaba servida y había que reaccionar rápido. El ministro de la Presidencia irrumpió en el despacho de Sánchez: "Presidente, vamos a decir que a nosotros también nos han espiado". "Félix, eres el mejor —contestó Pedro—. ¡Ponte con ello ya!". Poco después… rinrín, rinrín: Centro Criptológico Nacional, dígame. "Buenas, soy el ministro de… necesito urgentemente un informe". (Esto, sobra decirlo, es un suponer).
Lo cierto es que el 30 de abril, 12 días después de estallar el Catalangate, el CCN entregaba un informe en el que afirmaba que el móvil del presidente había sido infectado y ponía fecha: el 19 de mayo de 2021. Cuando sobrevolaba Ceuta con Marlaska. Doce meses en el bolsillo de Sánchez con el bicho dentro.
Con el informe calentito, el ministro Bolaños convoca a la prensa el 2 de mayo —festivo en Madrid— y les anuncia que el móvil del presidente y el de la ministra de Defensa han sido infectados con Pegasus. El Gobierno está convencido de que la intrusión se ha ejecutado desde el extranjero. "En España todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial" y, como en La Moncloa deben saber que ningún juez ha autorizado que se espíe al presidente, pues no han sido los nuestros. A los ocho días del Bolañosgate, la ministra de Defensa cesa a la señora Paz Esteban, directora del CNI. La infección de los móviles es la excusa.
El ministro capeó una crisis con los independentistas catalanes llevándose por delante el prestigio del servicio de inteligencia. Pero no valoró que ponía bajo sospecha cualquier decisión del presidente del Gobierno en relación con Marruecos. Bolaños es un artista del birlibirloque y un estratega del absurdo. Y en esto aparecieron los científicos.
El Comité PEGA celebró su audiencia dedicada a España el 29 de noviembre de 2022. Intervino el abogado de Junqueras, que lo hacía como víctima, y tras él Gregorio Martín, catedrático emérito de Ciencias de la Computación de la Universidad de Valencia. Su análisis concluyó con una descalificación de la prueba de cargo contra el Estado español: "Catalangate contiene un número de errores técnicos que pueden clasificar este informe como un documento con ciertas falacias".
El 9 de marzo de 2023, el eurodiputado por Ciudadanos Jordi Cañas presentaba El caso Pegasus: una revisión crítica del informe Catalangate de Citizen Lab. Su autor, José Javier Olivas, alertaba de que se había intentado inducir deliberadamente un fuerte sesgo político y recomendaba a la Universidad de Toronto que pusiera "en marcha una investigación independiente y que retracte su publicación".
"¿Por qué esta prevención de los científicos?", le pregunto al catedrático Gregorio Martín. Por sus explicaciones entiendo que la herramienta de código abierto (MVT, Mobile Verification Toolkit) utilizada en el Catalangate sigue careciendo de cualquier referencia científica que la soporte: "Ausencia de un proceso de revisión por pares, datos no puestos a disposición para su réplica, criterios de muestreo no explicitados". En el estudio Pegasus Spyware: Omar Radi Critical Review, el autor señala defectos similares: "Deficiencias metodológicas, como el uso de indicadores forenses especulativos, la generación de falsos positivos y la ausencia de una revisión por pares independiente".
Y aquí se presenta el dilema. Si la metodología para acusar al Estado español de espionaje a los independentistas es cuestionada, ¿cuál fue la aplicada por el Centro Criptológico Nacional para detectar la intrusión del presidente? "Pensar que estamos en condiciones de asignar, con rigor, alguna autoría, como sería el caso de Marruecos, no es posible", afirma Gregorio Martín. La ocurrencia de un zascandil y la frivolidad de su jefe envenenaron la política exterior de España. Hasta hoy.