Venezuela vuelve a verse sumida de nuevo en el desconcierto y el miedo que provoca un régimen, el chavista, que ha arrasado con el país y que no ha respetado los derechos de sus ciudadanos durante más de 20 años.
Son tantos los hechos que evidencian que las elecciones del pasado 28 de julio no fueron limpias, y que tampoco fue limpio el proceso previo, que casi se daba por descontado que Maduro se autoproclamaría vencedor a las elecciones contra todas las evidencias. Como así ha sido.
Empezando por el proceso previo a las elecciones. El puño de hierro con el que la dictadura de Maduro lleva oprimiendo a su pueblo durante tantos años ha convertido en costumbre anomalías intolerables en cualquier democracia occidental. Pero no por cotidianas, aberraciones como el encarcelamiento de opositores políticos, su asesinato, la inhabilitación de opositores, la expulsión de observadores, o el secuestro, tortura y expulsión de políticos de otros países deberían ser normalizadas por democracias liberales que se precian de defender regímenes liberales.
Inhabilitaciones
Antes de las elecciones Maduro ya dio sobradas muestras de que no estaba dispuesto a dejar que los venezolanos votaran con libertad. Tanto es así que, tras el periodo de selección de líder de la candidatura unitaria de la oposición, se disponía a inhabilitar a los candidatos más fuertes. El diputado oficialista José Brito no dudó en anunciar que la Contraloría de Venezuela había inhabilitado para ejercer cargo público a la elegida por la oposición: María Corina Machado.
Machado, la que había sido elegida como candidata oficial de la oposición, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 15 años por, dice el régimen, "irregularidades administrativas como diputada entre los años 2011 y 2014".
"Ser inhabilitados es el drama de los autoritarismos y las tiranías en las que todos tenemos un número y el régimen decide cuándo sale sorteado", dijo en aquel momento Pedro Urruchurtu, coordinador de asuntos internacionales de la campaña de María Corina Machado.
Pero esto es una práctica habitual. No sólo ha sucedido esta vez: desde 2008 el chavismo ha utilizado la estrategia de las inhabilitaciones. Antes el régimen disimulaba un poco inhabilitando a cargos intermedios. Ahora lo hace a cara descubierta. En los últimos trece años Maduro ha inhabilitado a 1.441 ciudadanos para el ejercicio de cargo público. En los últimos años directamente el candidato opositor que sale elegido, si no ha sido inhabilitado, el régimen lo inhabilita.
El régimen de Maduro inhabilitó también durante 15 años a Juan Guaidó en marzo de 2019. A Capriles en abril de 2017. En 2014 persiguió y detuvo a Leopoldo López, a quien considera un terrorista.
Las inhabilitaciones y el cierre de medios de comunicación son dos formas que evidencian la no existencia de una Estado de derecho democrático, por mucho que se celebren elecciones. Estas no pueden ser libres cuando se silencia al disidente.
Expulsión de observadores incómodos
La inhabilitación de María Corina Machado (igual que sucedió en las anteriores ocasiones con otros líderes opositores), debería haber sido más que suficiente como para que la presión internacional arreciara sobre Maduro, o incluso para que democracias consolidadas y liberales hubieran retirado a sus embajadores.
En España, el Gobierno de Sánchez no retiró a su embajador pese a que pocos meses antes había llamado a consultas al de Buenos Aires después de que Milei se refiriera a la mujer del presidente Sánchez, Begoña Gómez, por los casos de corrupción por los que se la investiga en los juzgados.
Pero es que no ha quedado aquí la cosa. El Gobierno de Maduro denegaba la entrada como observadores internacionales a la delegación del Partido Popular en el país un día antes de la celebración de las elecciones. No sólo eso, detuvieron a toda la delegación y la deportaron.
Esta expulsión también hubiera sido suficiente como para retirar un embajador. Sin embargo, el Gobierno, justificó la expulsión señalando que el régimen ya había denegado la petición del PP para viajar a Venezuela .
Brutal detención a un ciudadano español
Más irregularidades. Además de expulsar a la delegación del PP, el régimen de Nicolás Maduro detuvo el mismo día de la jornada electoral al exdiputado de Vox español Víctor González Coello de Portugal. Le quitó el pasaporte y el teléfono móvil. Los agentes del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), le desnudaron y amenazaron hasta conseguir las claves de su teléfono móvil. Lo clonaron y vaciaron antes de devolvérselo y de mandarle de vuelta a España.
De nuevo, una agresión injustificada a un ciudadano español a quien se le han vulnerado los derechos y que debería ser motivo más que sobrado para amonestar al régimen tiránico de Maduro y, sobre todo, dudar del resultado que arroje el Comité Nacional Electoral.
No es el primer español que el régimen secuestra y expulsa. Cuando Luis Herrero, director de En Casa de Herrero en esRadio, siendo eurodiputado del PP en 2009 acudió a Venezuela para otras elecciones, fue secuestrado por el régimen y expulsado. Entonces, todavía gobernaba Hugo Chávez.
Dificultades para inscribirse
Venezuela ha expulsado durante su cuarto de siglo de dictadura a más de 8 millones de ciudadanos, que han huido de la persecución y la miseria. De esos 8 millones de ciudadanos que están en el extranjero el régimen apenas ha dejado inscribirse a unas pocas decenas de miles. Un buen ejemplo es el de Madrid: según el Instituto Nacional de Estadística de los 68.000 venezolanos que viven en Madrid sólo pudieron votar 9.000.
Además, los reportes internos del país explicaron que muchos ciudadanos venezolanos tuvieron problemas para poder votar, al no ser capaces de inscribirse en las elecciones y, posteriormente, sufrieron dificultades como cambios de colegios electorales en el último minuto.
Autoproclamación
Otra de las grandes anomalías que demuestran el fraude de las elecciones en Venezuela fue la autoproclamación como presidente electo de Nicolás Maduro. Sin mostrar actas, sin más apoyo que el pronunciamiento del CNE (Comité Nacional Electoral) que él mismo controla (como todas las instituciones del país).
Tan obscena fue aquella proclamación pública que Maduro no dudó en saludar entre los asistentes a su gran fiesta de reelección a los "veedores" (observadores) internacionales que habían ido a auditar las elecciones y que, curiosamente, se encontraban celebrando con Maduro su "victoria".
Tras las elecciones
Por si el fraude perpetrado el 28 de julio no fuese lo suficientemente evidente, desde el día siguiente de las elecciones se ha desatado una sangrienta represión contra los que protestan por los resultados proclamados por el oficialismo. A los 17 muertos, al menos, hay que sumar las decenas de secuestrados a los que no se ha proporcionado asistencia jurídica privada y no se les respeta sus derechos constitucionales, como están denunciando familiares y ONG.
Además, desde el primer momento Maduro ha amenazado a quienes pongan en duda el resultado electoral oficialista que le daba como vencedor con el 51,2% de los votos. "¡Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo!", proclamó entre los chavistas enardecidos que le rodeaban y escuchaban.
Unos resultados, los oficiales, puestos en duda no sólo por mandatarios como el argentino Javier Milei, en la esfera ideológica opuesta al chavismo, sino por gobiernos y organizaciones de izquierda como el Grupo de Puebla o Gabriel Boric, presidente de Chile. Como represalia, el tirano ha expulsado al embajador chileno de Caracas.
El gobierno de Venezuela anuncia la expulsión de nuestra misión diplomática de su país con una serie de argumentos inverosímiles y demostrando una profunda intolerancia a la divergencia, esencial en una democracia.
El nuestro en Chile es un gobierno de alianza entre la izquierda…
— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 30, 2024
Nicolás Maduro no quiere en Venezuela a nadie que pueda poner en cuestión su farsa. Y cuando no puede expulsar al que no se lo cree, como es el caso chileno, critica a los que, pese a ser bastante afines al régimen, han tenido que rendirse a la evidencia del pucherazo. Es el caso del Centro Carter, de los pocos organismos que fueron invitados por Maduro como testigos de las elecciones.
De hecho el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, dio la bienvenida al Centro Carter por tener "un prestigio ganado, no solo en tareas de elecciones, sino también en tareas de impulso a la democracia, resolución de conflictos, etc". Esto fue así hasta que el Centro Carter puso en cuestión el pucherazo en un informe demoledor.
Ahora Maduro desprecia al organismo y señaló en rueda de prensa que el informe ya estaba escrito antes de las elecciones y que el Centro está desnaturalizado, porque "no es Jimmy Carter quien lo dirige, solo lleva su nombre, lamentablemente". Típico proceder del autócrata.
Tampoco le ha gustado al chavista la contundencia con la que EEUU ha proclamado vencedor a Edmundo González Urrutia. Su reacción no se ha hecho esperar, pidiendo que saquen sus sucias manos del país.
Un hecho más que evidencia que todo es una farsa es el recurso al Tribunal Supremo, un órgano judicial completamente en manos de Nicolás Maduro al que acude el presidente venezolano para dar una pátina de legalidad al fraude electoral y ganar tiempo.
Si el proceso electoral hubiese sido limpio y democrático, Nicolás Maduro no habría necesitado inhabilitar o encarcelar a opositores; cerrar medios de comunicación; expulsar a observadores internacionales antes y después del 28 de julio; e iniciar una brutal represión contra la oposición, con decenas de muertos y centenares de secuestrados que no están recibiendo asistencia jurídica y cuyos derechos constitucionales están siendo violados. Además, habría presentado las actas electorales, algo que tendría que haber hecho 48 horas después de las elecciones, según establece la legislación venezolana.