El Consejo de Ministros español aprobó, días atrás, un real decreto modificando algunas disposiciones de la Política Agraria Común (PAC), política que no sirve sino para incrementar el hambre. Y aunque el gobierno la presenta como una "mejora técnica", en realidad es una rectificación impuesta desde Bruselas y consensuada con las comunidades autónomas.
En plena "crisis de precios" y con el malestar rural en aumento, Moncloa opta por aliviar las imposiciones "medioambientales", demagógicas, que hace apenas unos años exigía como "ineludibles para salvar el planeta". En rigor, no es una crisis de precios sino, más bien, de exceso de costes dada la presión impositiva a la que se le suman regulaciones estatales que complican y encarecen la producción, y destruyen la productividad.
Por cierto, una política de subvenciones estatales para aplacar -demagógicamente- al sector rural es francamente irónico porque estas subvenciones serán pagadas, precisamente, con impuestos. En cambio, insisto, deberían ejecutarse reformas de fondo que permitirían aumentar la productividad del campo, como la rebaja de la presión fiscal y la eliminación de costosas exigencias estatales.
Por otro lado, sucede que el hambre es la mayor "pandemia" global. Mueren unas 22.000 personas cada día por causas relacionadas con la falta de alimentos. Por suerte ha disminuido desde las 41.000 personas al día que morían hace veinticinco años. De ellas, el 75% son niños menores de cinco años. Entre tanto, la producción de alimentos está creciendo a un 5% anual, mientras que la población lo está haciendo sólo al 2%.
Ya entre 1950-1985, la producción mundial de cereales se disparó mucho más que la población: pasó de 700 a 1.800 millones de toneladas. La obtención de cereales y tubérculos o raíces llegó a 500 kilos por persona y año, y ya era una cantidad suficiente para cubrir una ración calórica a toda la humanidad y aún sobrar.
Evidentemente, la naturaleza es sabia y sobreabundante y, de hecho, permite que se produzca un 60 % más de lo que la humanidad necesita para alimentarse. Hasta el oficialista Programa Mundial de Alimentos de la ONU reconoce que "Uno de los mitos más comunes… es que no hay suficientes alimentos en el mundo… los hay. El hambre… es una cuestión de acceso."
Insólitamente, según la FAO, en la producción de alimentos que no se comerán, a nivel global se utilizan 1.400 millones de hectáreas, y así se pierden anualmente 1.300 millones de toneladas métricas.
Esto demuestra que la naturaleza –el mercado natural, el hombre– está preparada para terminar con el hambre y con la desnutrición y con la escasez de cualquier recurso, como el agua y la energía; y no es cierto que la miseria sea una condición natural e inevitable de la humanidad. O sea, si hay hambre y desnutrición no es culpa de la naturaleza, del mercado natural. Si la comida no llega a los más pobres es debido a interferencias artificiales, regulaciones e impuestos estatales, que complican la distribución.
Entonces, ¿por qué no llegan a los desnutridos? Las causas definitorias son los obstáculos que ponen los Estados. Después de todo, son el monopolio de la violencia —su poder de policía— y ésta siempre destruye. Para empezar, los impuestos que cobran empobrecen, ya que son derivados hacia abajo subiendo precios o bajando salarios.
El Estado, cuando recurre a la coerción, impone límites como el "salario mínimo", prohibiendo contratar por debajo de cierto monto. Obliga así a dejar de emplear a quienes más lo necesitan, generando desempleo, que no surge en forma natural, ya que el trabajo requerido abunda -basta pensar en el déficit habitacional-, sino como resultado de la acción estatal.
Por cierto, es incoherente pretender aumentar los salarios imponiendo leyes con el monopolio estatal de la violencia, por el contrario, se trata de dejar que la naturaleza del mercado aumente la capitalización provocando un aumento en la demanda de trabajo.
Por otro lado, a menudo se necesitan sencillos recursos para que la gente pobre pueda cultivar los alimentos necesarios y ser autosuficientes, pero hoy el alimento medio recorre en España entre 2.500 y 4.000 km. ¿Por qué no se cultiva más cerca? Entre otras cosas, debido a regulaciones estatales sobre el uso de la tierra.
Además, las legislaciones sobre "propiedad intelectual" deberían ser derogadas porque son la mayor fuente moderna de monopolios. La propiedad debe quedar establecida exclusivamente por el mercado y nunca por los Estados.
Algunas leyes impiden que el agricultor siembre, intercambie o venda sus propias semillas porque, por caso, existen normativas dentro de los acuerdos de 'libre comercio' (!?) sobre derechos de "propiedad intelectual" y comercio que obligan al agricultor que quiere cultivar esas variedades a pagar royalties, perjudicando sobre todo a los agricultores más pobres como los de África.
Finalmente, un tercio de la producción mundial de alimentos se desperdicia y gran parte termina en la basura. En buena medida debido a regulaciones estatales sobre tránsito y logística que encarecen y hasta obstaculizan enormemente la distribución. Por otro lado, los políticos nos han hecho creer que la recolección y tratamiento de la basura es un 'servicio público' que ellos, el Estado, debe proveer monopólicamente. Y hasta cobran por la recolección, cuando deberían pagarnos porque hasta la peor basura tiene valor.
Si el servicio de recolección estuviera en manos del mercado, en manos privadas y en competencia libre, se nos pagaría por nuestra basura y, muy probablemente, se distribuiría toda la comida desechada -en buenas condiciones- a precios mucho más bajos favoreciendo a los más necesitados.
Los Estados son los responsables de la desnutrición, de modo que es una gran ironía —es solo demagogia— que los gobiernos diseñen 'planes contra el hambre', cuando bastaría con que dejaran de crearla para que desapareciera rápidamente.
Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California
@alextagliavini
www.alejandrotagliavini.com