En plena precampaña encubierta, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha decidido elevar un punto más la competición por ver quién promete más pagas públicas. Su última propuesta, la Renta Básica Juvenil, plantea entregar 550 euros mensuales a todos los jóvenes de 18 a 21 años, trabajen o no, estudien o no, vivan solos o en casa de sus padres. Una renta universal que, lejos de estimular la autonomía, consolida un mensaje inquietante: en España es el Estado —y no el propio esfuerzo— quien debe garantizar el punto de partida vital de cada ciudadano.
Esta iniciativa no aparece en el vacío: se suma a un paisaje crecientemente poblado de subsidios que se multiplican y se disparan. El Ingreso Mínimo Vital, agilizado en los últimos meses, cuenta ya con 773.272 hogares beneficiarios, lo que significa 2.363.554 personas viviendo de esta prestación. Solo este año, los beneficiarios han aumentado un 20%, mientras el Gobierno lo celebra como un éxito, en lugar de reconocer el deterioro social que implica que cada vez más familias dependan del Estado para sobrevivir.
A ello se añaden las 1.875.821 personas que reciben alguna prestación por desempleo, además de los 915.704 perceptores de prestación contributiva, los 656.053 mayores de 52 años subsidiados, los 142.567 que cobran ayudas agrarias y los 73.861 inscritos en la Renta Activa de Inserción. La lista sigue creciendo y los incentivos para reincorporarse al mercado laboral disminuyen.
Mientras tanto, el Gobierno presume de la mayor subida del Salario Mínimo en democracia: de 736 a 1.184 euros entre 2018 y 2025, un incremento del 61%. Pero lo que a primera vista parece una buena noticia está generando problemas enormes en la capacidad de contratación de las empresas, especialmente de las más pequeñas, que son las que más empleo generan en España. Subir el suelo salarial no crea trabajo; encarece el que ya existe.
Si sumamos todos los grupos que viven total o parcialmente de rentas públicas —pensionistas (9,4 millones), empleados públicos (3 millones), parados (2,61 millones) e IMV (2,36 millones)— España alcanza los 17,4 millones de dependientes, cerca del 35% de la población. Con 21,8 millones de cotizantes, el país funciona con un ratio inquietante: solo 1,25 trabajadores por cada persona sostenida por el Estado.
La pregunta es simple: ¿puede un país prosperar cuando el número de pagas crece más rápido que el número de trabajadores? La respuesta es igual de simple: no.