La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dictaminado este viernes que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer de forma unilateral aranceles por todo el mundo bajo la invocación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Esto supone un duro golpe para el presidente republicano, al ser los aranceles una parte fundamental de su política económica.
¿Cómo se dividen de verdad los jueces del Tribunal Supremo?
Con frecuencia se suele indicar que el Tribunal Supremo norteamericano se divide en seis jueces conservadores y tres progresistas, dependiendo de qué partido era el presidente los propuso para el cargo. Pero aunque hay fallos que se deciden así, también los hay adoptados por unanimidad, adoptados por 7 votos a 2 e incluso algunos en los que la mayoría está formada por las tres magistradas progresistas junto a dos o tres supuestos conservadores.
Lo cierto es que la división entre magistrados sí es ideológica, pero no por razones políticas sino por una diferencia radical de perspectiva jurídica. Por un lado están los originalistas, que consideran que su labor es la interpretación pura de los textos legales, con el significado que tenían cuando fueron promulgados y estudiando, si hay dudas, los debates de la época para poder asegurarse. Por otro quienes creen en el "constitucionalismo vivo", para los que el significado de la Constitución debe evolucionar para adaptarse a los valores, necesidades y realidades de la sociedad contemporánea, los cuales son observados, interpretados y aplicados por los propios jueces.
Tres de los magistrados (Thomas, Alito y Gorsuch) son originalistas muy estrictos. Barrett y Kavanaugh también son originalistas, aunque dan más importancia a los precedentes y la tradición que sus tres compañeros. El presidente del Tribunal John Roberts y la jueza Elena Kagan usan frecuentemente el originalismo en sus decisiones, pero casi siempre dan más peso a otras consideraciones; en el caso de Roberts su preocupación por mantener el prestigio y la aceptación social del Poder Judicial, en el de Kagan su ideología de izquierdas. Finalmente, Sotomayor y Jackson se adhieren al constitucionalismo vivo y siempre se sabe que van a apoyar lo que en cada momento los demócratas consideren justo.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión de la mayoría y el tribunal acordó por 6 votos a 3 que los aranceles no se habían aplicado de acuerdo con la ley. Esto dijo John Roberts al respecto: "El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados. A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla".
Para el tribunal más importante del sistema de Estados Unidos, la facultad de emergencia en la que Trump intentó justificarse es "insuficiente". En opinión de Roberts "cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma clara y con restricciones rigurosas", y Trump "no hizo ninguna de las dos cosas en este caso".
Trump se saltó la ley para imponer la mayoría de los aranceles
El alto tribunal estadounidense también ha declarado que "no reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores. Solo reivindicamos, como debemos, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de ese papel, sostenemos que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 no autoriza al presidente a imponer aranceles".
Es decir, no todos los aranceles impuestos por Donald Trump han sido declarados "ilegales", sino aquellos que se aprobaron invocando la IEEPA, como es el caso de los aranceles impuestos durante el famoso "Día de la Liberación" del 2 de abril de 2025, cuando castigó a prácticamente todo el mundo con nuevas subidas arancelarias. También afecta a los aranceles del 25% que Trump impuso a algunos productos de Canadá, China y México. No afectan, por ejemplo, a los aranceles que impuso al acero y al aluminio, ya que no utilizó la ley de 1977 para justificar dichos aranceles.
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos deja en muy mal lugar a la Administración Trump, que ha basado gran parte de su programa económico en estos aranceles y que tendrá que devolver el dinero recaudado ilegalmente mediante esta figura impositiva.
Empieza un periplo judicial para devolver el dinero
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), entre el 20 de enero y el 15 de diciembre de 2025 se recaudaron más de 200.000 millones de dólares en concepto de aranceles. Una devolución que agravará aún más el déficit del Gobierno de Estados Unidos, algo que, irónicamente, la imposición de estos aranceles pretendía contribuir a reducir.
Fue a principios de 2026 cuando más de 1.000 empresas demandaron a la Administración Trump por estos aranceles y pidieron reembolsos por ello. Entre estas empresas se encuentran Costco, Reebok, Peloton, Dole, Revlon y Goodyear Tires.
Sin embargo, esta devolución del dinero recaudado por los aranceles a las empresas y compañías estadounidenses no se producirá de forma automática, sino que implicará un proceso largo que podrá extenderse durante meses o incluso años. Lo que está claro es que la Administración Trump queda gravemente tocada por esta decisión y está por ver cuál será la reacción del líder republicano ante este revés.