Ante el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha un paquete de medidas que, fundamentalmente, se basaba en la rebaja del IVA de los carburantes. Precisamente, el Ejecutivo aprobaba esta iniciativa días después de haber criticado al PP por proponer algo similar. Sin embargo, lo cierto es que el anuncio de Pedro Sánchez, como suele ser habitual, ha de ser analizado en profundidad, puesto que la ayuda que, dice, brindará el Gobierno a la ciudadanía no será tal.
Además, el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros en el que se incluye esta medida esconde también otras propuestas que tienen por objetivo incrementar el control y el intervencionismo del Gobierno en materia energética. Así se desprende del último informe elaborado por la consultora Freemarket Corporate Intelligence, Las consecuencias para España de la guerra con Irán, donde se explica que, con esta iniciativa, esconde una "reforma encubierta del sistema eléctrico" que, en última instancia, supondría el desarrollo de "un modelo de planificación centralizada que altera las reglas del juego para todos los agentes del sector".
Importancia del crudo y el gas
El informe de Freemarket enfatiza que, en el actual contexto, "España no se enfrenta simplemente a una subida coyuntural de la "gasolina", por simplificar, sino a una reconfiguración forzosa de los márgenes de toda su estructura industrial bajo una presión regulatoria que agrava la vulnerabilidad del sistema".
En este sentido, la consultora incide en que, si bien se tiende a centrar la atención en el precio de la luz o en el de la gasolina ante subidas de los precios del petróleo y del gas, en realidad estas oscilaciones "afectan de manera frontal a la estructura de costes de la industria española debido a su dependencia de los hidrocarburos no solo como "combustible", sino como insumo directo". De este modo, se recuerda que el petróleo y el gas representan aproximadamente el 67% del consumo de energía primaria en España, por lo que "su encarecimiento genera un efecto dominó que desborda el uso convencional".
Así, la subida del precio del petróleo y el gas afecta a sectores como el químico y el de los plásticos, así como a los fertilizantes y la agricultura. Al respecto, Freemarket subraya que "muchos productos no solo se transportan con petróleo, sino que están hechos de petróleo". Por ello, la construcción también se ve afectada, dado que "el encarecimiento del betún asfáltico está paralizando de facto las licitaciones de obra pública y mantenimiento de carreteras, ya que los presupuestos firmados hace meses son hoy inejecutables".
Así las cosas, la consultora analiza cuál ha sido la evolución de ambas materias primas en los últimos años y demuestra que, sobre todo en el caso del petróleo, en lo que va de año se ha producido un repunte significativo. "La evolución del precio del crudo y de su asociado, el gas, son factores clave para entender cómo puede evolucionar la economía española en 2026 porque suponen aproximadamente entre un 15% y un 18% de las importaciones realizadas por España", subraya la consultora al respecto.
Concretamente, Freemarket subraya la fuerte subida de 2022 y el exponencial incremento de los últimos días ocasionado por el conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos, recordando que "un incremento del precio del barril de petróleo tiene un impacto muy rápido sobre los precios de los carburantes y, por tanto, también un incremento casi automático en los costes logísticos de las empresas".
Por otra parte, explica también que "el caso del Gas Natural es especialmente crítico en España, y ya no solo por la calefacción o por la industria, sino porque es el que marca el precio de la electricidad en muchas horas del día debido al sistema marginalista del mercado eléctrico".
En cualquier caso, Freemarket destaca también que debemos tener en cuenta, al mismo tiempo, los efectos de segunda ronda, es decir, "las repercusiones indirectas de una subida de los precios de la energía donde los aumentos de costes se trasladan a los precios finales y salarios, generando una presión sobre el nivel general de precios". En este sentido, se explica que "a diferencia del impacto directo, estos efectos crean una espiral precios-salarios al ajustarse al alza las expectativas y negociaciones salariales".
Por otra parte, el informe también analiza el posible impacto económico del conflicto en Oriente Medio. De acuerdo con Freemarket, existen dos escenarios "optimistas", enfatizando que, fuera de estos dos casos, con un escenario mucho peor, "el impacto sobre la economía española sería absolutamente demoledor". De esta forma, se explica que, en caso de que la guerra acabara pronto, "el crecimiento del PIB estaría lastrado a crecer entre un 0,35% y un 0,48% menos por cada incremento de 10 dólares y 10 euros en el precio del petróleo y del gas, respectivamente, de lo que hubiese crecido en caso de que no hubiese existido el conflicto". Asimismo, si la guerra se prolonga más de seis semanas y el precio del petróleo y el gas se consolida durante todo el año en el incremento registrado en el primer escenario, la consultora prevé que "el shock sobre la economía sería una reducción del crecimiento del PIB de entre un punto y un punto y medio".
¿Qué esconde el decreto de Sánchez?
No obstante, uno de los elementos más importantes del informe es el relativo a las trampas introducidas por Sánchez en su real decreto. Así, según Freemarket, este decreto "es un ejercicio de oportunismo regulatorio que persigue tres objetivos ocultos: sustituir el mercado por el arbitrio, maquillar la desprotección social y privatizar la gestión pública". De hecho, de este modo, el Gobierno estaría liquidando la seguridad jurídica de los promotores energéticos para otorgar al Ministerio el control absoluto sobre quién recibe electricidad y quién no, mientras que entregaría el control de los certificados energéticos a entidades privadas en un movimiento de dudosa ética administrativa.
Asimismo, en relación con los 5.000 millones de euros que Sánchez anunció que movilizaría, Freemarket asegura que se trata, en realidad, de un "espejismo". Así, el informe subraya que "anunciar una movilización de 5.000 millones de euros es una maniobra de prestidigitación presupuestaria", puesto que gran parte de esa cifra no sale de los Presupuestos Generales del Estado, sino que se basa en el sistema de Certificados de Ahorro Energético. Por tanto, el Estado estaría obligando a las comercializadoras a invertir, "coste que acaba repercutido en el recibo de todos los ciudadanos".
Además, también se detalla cómo esta cifra incluye como "movilización de recursos" los impuestos que dejan de percibir (lucro cesante). Así, la consultora defiende que "es falso considerar que "dar" dinero es lo mismo que "no quitar" un extra por una crisis sobrevenida". Con todo, también se explica que este paquete de medidas introduce una "fiscalidad condicionada", porque la medida de flexibilización de contratos de gas y electricidad para empresas supone un "premio a la inactividad" –solo se permite adaptar el caudal contratado sin penalización si la empresa reduce la producción– y un "castigo a la resiliencia" –una industria que quiera invertir para ser más eficiente y mantener su producción a pesar del coste energético no recibe este alivio–.
Pero es que, al mismo tiempo, de acuerdo con Freemarket, también se introduce una "reforma encubierta del sistema eléctrico" que implicaría la implementación de "un modelo de planificación centralizada que altera las reglas del juego". En primer lugar, se sustituye la objetividad por la discrecionalidad administrativa. Asimismo, se "introduce la "prestación patrimonial" (tasa de reserva de capacidad) y mecanismos de control de rentabilidad que actúan como una barrera sistémica".
Además, de acuerdo con la consultora, "el núcleo más lesivo de la reforma es la imposición de una caducidad forzosa masiva de proyectos mediante plazos financieros imposibles", al mismo tiempo que "el intervencionismo se extiende a la operativa industrial y la responsabilidad legal del Estado". Finalmente, la reforma también implica una socialización del coste del almacenamiento de gas. "La regulación del canon cero para el almacenamiento subterráneo se presenta como un alivio operativo para las infraestructuras gasistas", subraya, señalando que "la medida no garantiza una rebaja para el consumidor, sino que traslada los costes de mantenimiento del sistema a los presupuestos públicos mientras se mantiene la presión regulatoria sobre el sector".
Con todo, Freemarket también defiende que un paquete de medidas de estas características deberían haber incluido la deflactación de la tarifa del IRPF "para evitar que el Estado se lucre con la inflación energética de los ciudadanos", así como un "IVA reducido estructural", lo que "daría seguridad jurídica y estabilidad de precios a largo plazo". Del mismo modo, se plantea la suspensión del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) y una deducción del 30% por inversiones en sustitución de procesos fósiles por eléctricos, sin necesidad de demostrar "caída de producción".