El diminuto estado de Delaware ha sido tradicionalmente el gran refugio corporativo de Estados Unidos. Gracias a una legislación sumamente atractiva para los negocios y a la especialización de su Tribunal de Cancillería, la inmensa mayoría de las grandes firmas del país elegían este territorio para establecer su sede social. Este negocio suponía un tercio de los ingresos fiscales estatales y un porcentaje indeterminado, pero bastante grande, de su PIB gracias al ecosistema de servicios que genera ese estatus de capital corporativa: desde bufetes de abogados a especialistas en finanzas, gestión empresarial, etc. Sin embargo, este dominio histórico se encuentra amenazado y las autoridades locales ya planean reformas de calado para evitar un éxodo masivo de capitales.
Durante décadas, la certidumbre jurídica y la agilidad de los procesos mercantiles convirtieron a esta región en la capital empresarial por excelencia. Más del sesenta por ciento de las compañías incluidas en la lista Fortune 500 tienen su domicilio legal allí. No obstante, recientes decisiones judiciales han provocado que varios gigantes corporativos decidan trasladar sus operaciones a lugares con mayor libertad económica y menor intervencionismo en las decisiones internas de los consejos de administración.
El éxodo comenzó con las empresas de Elon Musk, quien decidió sacar a Tesla y SpaceX del estado después de que una magistrada anulara su paquete retributivo aprobado en la junta de accionistas. Esta interferencia en los acuerdos privados y voluntarios alcanzados entre la dirección y los accionistas de la corporación llevó a estas compañías a Texas en busca de un entorno más favorable a la libertad de empresa, pero no fue la única. Coinbase, Roblox, Dropbox, Simon Property Group, Dillard's y Fidelity National Financial son algunas de las otras grandes corporaciones que han huido del estado.
La fuga de estas grandes firmas hacia estados como Texas o Nevada evidencia la competencia fiscal y regulatoria que define al federalismo estadounidense. Para atajar esta sangría, los legisladores de Delaware debaten una propuesta que otorgaría a las empresas una mayor flexibilidad a la hora de suscribir acuerdos con los inversores, blindando así las decisiones ejecutivas frente a posibles intromisiones de los tribunales. El objetivo es restaurar la confianza y garantizar que el mercado siga rigiendo las relaciones mercantiles, según informa Straight Arrow News.
Esta situación demuestra que, cuando las instituciones estatales exceden sus competencias e intentan coartar la independencia empresarial, el capital busca refugios más seguros. Si Delaware no logra adaptar su marco jurídico a las exigencias de un entorno competitivo y respetuoso con la propiedad privada, corre el riesgo de perder definitivamente su estatus como epicentro corporativo de la primera economía del mundo. A esto se suma el daño que puede causar a la reputación de una jurisdicción ante las empresas una jueza progresista como Kathaleen McCormick. La presidenta del tribunal fue la que anuló la retribución extraordinaria a Elon Musk, aprobada por la junta de accionistas de Tesla en una proporción de 4 a 1.