El Gobierno aprobó este pasado martes en Consejo de Ministros un nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contempla un desembolso total de 7.000 millones de euros. Al respecto, el Gobierno destaca que, con este plan, se tratará de reforzar la oferta de vivienda asequible, impulsar la rehabilitación del parque residencial y facilitar el acceso al alquiler, especialmente a los jóvenes.
Así las cosas, un 40% del presupuesto se dedicará a incrementar de forma permanente la oferta de vivienda protegida, mientras que un 30% se orientará a la rehabilitación del parque residencial existente mediante ayudas específicas. El 30% restante se destinará a medidas de apoyo directo, como subvenciones al alquiler, programas para facilitar la emancipación juvenil, iniciativas destinadas a reducir el esfuerzo financiero de los hogares y actuaciones en áreas con mayor presión del mercado.
Nuevo trampantojo del Gobierno
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 anunciado por el Gobierno incluye un conjunto de ayudas directas que concentrarán el 30% del presupuesto previsto. Entre las ayudas directas desarrolladas por el Gobierno en este marco, el plan incluye una ayuda a las personas jóvenes para el alquiler con opción a compra de viviendas protegidas con protección permanente, que se concederá para que el ejercicio de la opción se realice en un plazo máximo de tres años.
De este modo, el documento explica que "la persona física o jurídica, vendedora de la vivienda, podrá recibir una ayuda igual a las cantidades recibidas, en concepto de pago de renta arrendaticia o precio de cesión, por la arrendataria o cesionaria durante el plazo de vigencia del correspondiente contrato de arrendamiento o cesión hasta la ejecución de la opción de compra con el límite de 28.800 euros por vivienda, más un porcentaje de la totalidad de dicho importe con el límite de 25.920 euros por vivienda".
El problema, no obstante, es que el número de viviendas para alquiler con opción a compra que están disponibles en nuestro país es irrisorio. Según los datos del Gobierno, el número de viviendas para alquiler con opción a compra alcanzó un total de 7. Un año después, en 2019, esta cantidad llegó hasta las 234 viviendas, a las que se sumaron otras 44 en 2020. Del mismo modo, en 2021 se sumaron otras 106 viviendas y en 2022 un total de 211 viviendas para alquiler con opción a compra nuevas. Desde entonces, sólo se construyeron otras 44 viviendas en el año 2024. En consecuencia, desde el año 2018 en nuestro país sólo se han sumado 646 calificaciones definitivas de viviendas para alquiler con opción a compra.
Por lo tanto, como podemos comprobar, este anuncio del Gobierno es un nuevo trampantojo con el que se pretende hacernos ver que se están desarrollando ambiciosas medidas para paliar los problemas del mercado de la vivienda. Sin embargo, la realidad deja en evidencia el relato del Ejecutivo, tal y como sucede cuando hacen referencia a la posibilidad de movilizar los inmuebles en manos de la Sareb, que en realidad no se sitúan donde hacen falta, su estado en muchos casos es deplorable e, incluso, llegan a estar okupadas.