Seguramente será porque, también en ocurrencias, brilla la escasez. De ahí lo natural que resulta tener aprecio a los sujetos —también a los gobernantes— que ocasionalmente sean ocurrentes, para aprovechar las ocurrencias que hayan podido tener en algún momento más o menos reciente.
Es bien cierto que al gobernante habría que pedirle no el conjunto de ocurrencias que sea capaz de alumbrar, sino algo mucho más sencillo, que se considera sobreentendido: que gobierne bien y eficientemente.
La última ocurrencia presidencial, quizás algo más que una ocurrencia, ha consistido en activar el fondo soberano España Crece, que anunció en enero pasado y que vivía su letargo para que, en su despertar, asumiera la función de canalizar inversión pública y privada, ante el final de los fondos Next Generation.
¿Es un simple juguete del Gobierno español? Podría serlo, en la medida en que se valore el deseo de compensar la pérdida española en la cúpula del Banco Central Europeo, y desde una Presidencia del Gobierno sin relevancia alguna ante los países europeos, para sustituir al vicepresidente Luis de Guindos, tras ocho años de mandato, por otro español que pudiera serlo.
No es necesario ser muy escéptico para suponer que algo de ello puede existir. Me escandalizan siempre los grandes pronunciamientos ante decisiones que podrían pasar por ordinarias, pero que el subrayado de solemnidad hace que se conviertan en objeto de anuncios y proclamas rimbombantes, tales como considerar que este instrumento de inversión es el resultado de "un ejercicio de soberanía nacional". ¿Es precisa tanta parafernalia para tan poco?
Comprendo que al presidente Sánchez le apetezca ser banquero, buscar recursos donde los haya —él los precisa ya, tanto públicos como privados—. A mí me preocupan sobre todo los públicos, porque tendrá mayor capacidad de reasignación en el destino de los fondos, mientras que en los privados confío siempre en la autonomía de la voluntad de las personas racionales, por aquello de que ellas sabrán lo que quieren.
Dicho lo cual, no debemos dejar en el olvido que el mundo financiero, como el que se pretende, requiere, para tener el mínimo éxito de permanecer en él, un grado muy elevado de fiabilidad en sus gestores, de su capacidad para invertir bien los recursos y de su honestidad a la hora de defender sus derechos. Movilizar, como pretende, 120.000 millones de euros —públicos y privados—, exige un alto grado de confianza de los inversores privados en sus gestores que no se produce de forma gratuita.
Esa cantidad que se pretende movilizar nada tiene que ver con la asignación de puesta en marcha de 10.500 millones de euros públicos, procedentes por reasignación del remanente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; reasignación que se supone acorde con el propio plan o con su gestor, que es el ICO.
Con estas decisiones infringimos los viejos refranes que han dado lustre a nuestra historia costumbrista, tales como "en tiempos de tribulación no hacer mudanza", y que yo actualizaría al año 2026 como "en tiempos de corrupción, no tomar decisiones". Es solo una duda, porque no soy empresario y, mucho menos, empresario financiero.