El título elegido para las líneas de hoy me obliga a hacer alguna precisión, a fin de evitar equívocos, pues a muchos podría sorprender, esto al menos quisiera suponer, que la pregunta del encabezamiento se formulara a título personal.
Por ello, ya desde el comienzo, manifiesto que la pregunta no tiene este carácter, sino como un ejemplo de lo que muchos, sobre todo algunos, podrían plantearse después de las polémicas públicas sobre la carencia de Presupuestos, tras la aprobación, en diciembre de 2022, por las Cortes Españolas, del Presupuesto para 2023.
Dado el tiempo transcurrido, y los comentarios y polémicas varias, desde los sectores más diversos de la población española, es lo que me impulsa a tratar la cuestión de los Presupuestos del Sector Público/Presupuestos del Estado escuetamente, para muchos, con el fin de aclarar algunas posiciones, a la luz de las confusiones que se prodigan, cuando alguna obligación pública no se cumple.
¿Acaso no estará el propio presidente del Gobierno entre los que se formulan la pregunta, obteniendo como respuesta que su programa de gobierno, cada año, consiste en hacer lo que él crea conveniente? Si así fuera, la respuesta a para qué el Presupuesto, quedaría en terreno baldío y sin respuesta; caso español.
Lo que ocurre es que tal desprecio por el sentido político-económico del Presupuesto del Sector Público es inadmisible que se plantee, con visos de buenas políticas, después de la publicación keynesiana de The general theory of employment, interest and money (John M. Keynes - 1936).
El Presupuesto hoy, es un Plan de Acción Económica, y como tal debe reflejar las opciones de Política Económica elegidas para su consecución y las partidas comprometidas para alcanzarlo. Un Plan que podría pretender, grosso modo, que los españoles maximizaran la utilidad de los recursos disponibles.
Ese objetivo, ya inicialmente, plantea un conflicto –bien por exceso o por defecto– entre las variables en juego para el fin establecido: maximización de la utilidad. De la utilidad de todos los bienes a disposición de los españoles –bienes privados y bienes públicos– que a su vez concurren para su provisión y su financiación.
En ellos se cumple el viejo principio de la utilidad marginal decreciente de los bienes, y se cumple, tanto positivamente, cuando están a disposición de los sujetos, como negativamente, cuando hay que sacrificar la utilidad de algunos bienes privados para financiar, mediante impuestos, la provisión de los bienes públicos.
De aquí que la maximización de la utilidad social se producirá cuando la utilidad marginal de la última unidad de bien público asignado a la sociedad, sea igual a la utilidad marginal que se hubiera obtenido de la última unidad de bien privado, sacrificada por el pago de impuestos, con los que financiar la provisión de los bienes públicos. Así que, el tamaño del Sector Público no es una dimensión caprichosa.
Cada lector podrá considerar, si la recaudación de impuestos (excluida la Seguridad Social) a finales de junio de 2026 (último dato), que asciende a 339.356 millones de euros, está compensada por el bienestar/utilidad social obtenido/a con los bienes públicos asignados/consumidos…