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El Supremo de EEUU deja a España sin escapatoria: derrota definitiva en el caso de las renovables

España se queda sin posibilidad de recurso y con una deuda de 700 millones ante la justicia norteamericana. Los embargos, próximo paso.

España se queda sin posibilidad de recurso y con una deuda de 700 millones ante la justicia norteamericana. Los embargos, próximo paso.
Pedro Sánchez, durante la reunión del Comité Federal del PSOE, en la sede nacional de la calle Ferraz, a 27 de junio de 2026, en Madrid. | Europa Press

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha asestado un duro golpe a la estrategia jurídica desplegada por el Gobierno español para evitar el pago de los laudos arbitrales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables. La máxima instancia judicial norteamericana ha rechazado estudiar el recurso presentado por España, dejando firme la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia y despejando así el camino para que los acreedores continúen con los procedimientos de ejecución de estas indemnizaciones en territorio estadounidense.

La decisión supone el fracaso definitivo del principal intento de España de bloquear el reconocimiento de los laudos en Estados Unidos. El Ejecutivo había defendido que los tribunales federales carecían de jurisdicción para conocer estos asuntos y cuestionaba la aplicación de la denominada "excepción arbitral" contemplada en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). Sin embargo, ni los tribunales inferiores ni el propio Gobierno estadounidense compartieron esa tesis. De hecho, el Solicitor General recomendó expresamente al Supremo que rechazara la petición española.

La resolución consolida una victoria de enorme relevancia para los inversores afectados por los cambios regulatorios aprobados por España hace más de una década y refuerza un principio básico del orden jurídico internacional: los laudos arbitrales firmes están para cumplirse. A partir de ahora, los acreedores podrán seguir avanzando en la identificación y eventual embargo de activos susceptibles de ejecución dentro de la jurisdicción estadounidense.

El revés resulta especialmente significativo porque pone fin a uno de los frentes judiciales más importantes abiertos por España en su prolongada batalla para evitar el pago de las indemnizaciones derivadas de los arbitrajes internacionales. No en vano, nuestro país continúa encabezando el ranking mundial de laudos arbitrales pendientes de pago, por delante incluso de países como Venezuela o Rusia, una situación que ha provocado crecientes críticas en los círculos internacionales especializados en arbitraje y protección de inversiones.

Además, el escenario estadounidense representa únicamente una parte de la ofensiva global emprendida por los acreedores. En Estados Unidos permanecen en fase de ejecución sentencias que suman alrededor de 700 millones de euros. Paralelamente, en Bélgica continúan bloqueados cerca de 250 millones de euros depositados en cuentas bancarias intervenidas por los acreedores. En los Países Bajos también avanzan los procedimientos destinados al embargo y eventual liquidación del inmueble que alberga la sede del Instituto Cervantes en Utrecht.

La presión internacional tampoco deja de crecer en otras jurisdicciones. Los tribunales australianos han reconocido ya más de cuatro laudos arbitrales contra España por una cuantía conjunta superior a los 400 millones de euros. Asimismo, el Tribunal Supremo de Singapur ha emitido recientemente resoluciones favorables a los acreedores en litigios vinculados a indemnizaciones que superan los 300 millones de euros.

A estos reveses se suma la reciente derrota sufrida por España ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, que también rechazó los argumentos planteados por la Abogacía del Estado. Resultó especialmente llamativo que la posición española encontrase respaldo únicamente en Zimbabue, uno de los pocos países que acudió al procedimiento para defender una interpretación favorable al incumplimiento de laudos internacionales.

La acumulación de decisiones desfavorables en Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Australia, Singapur y Países Bajos confirma una tendencia cada vez más evidente: los tribunales de las principales democracias occidentales están cerrando filas en defensa de la seguridad jurídica y del cumplimiento efectivo de los laudos arbitrales. Tras el pronunciamiento del Supremo estadounidense, España pierde uno de los escudos procesales más importantes de los que disponía y los acreedores afrontan una nueva fase de ejecución con más herramientas y mayores expectativas de éxito.

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