País Vasco

El Gobierno está decidido a que ninguna quiebra del Estado de Derecho perturbe su negociación con ETA. El Gobierno de España "no tiene absolutamente nada que decir" ante la manifestación convocada por la organización terrorista el próximo13 de agosto, con el lema Euskal Herría. Autodeterminación. La vicepresidenta se limita a indicar que la ventanilla competente es del Gobierno vasco. El PSE ha recuperado la doctrina Zapatero sobre el "respeto al derecho constitucional de manifestación" de una organización ilegal. Sólo el PP espera que se cumpla la Ley. Mariano Rajoy ha exigido al Gobierno que evite la manifestación. "El Gobierno debe pedirlo y el fiscal general debe actuar ya", conminó.

Los contactos del PSOE con ETA son anteriores a las Elecciones de 2004 y se hicieron de espaldas al Pacto Antiterrorista, como prueban los documentos incautados al Comité Ejecutivo de ETA. En febrero de 2004, la banda ya consideraba al PSOE su interlocutor del Estado, a cuyos representantes llamaba "los gorrinos". El Mundo revela que el partido de Zapatero buscó la mediación de la Santa Sede para vencer las reticencias de los terroristas. El PSE y Batasuna-ETA intentaron sin éxito convencer al cardenal Roger Etchegaray, que les remitió a la Iglesia Vasca. Las notas del etarra Esparza Luri llevaron al PP a considerar una "urgencia nacional" que el Gobierno aclarase sus contactos, pero aquella fogosa denuncia ha acabado, como tantas otras, en inacción. José Blanco llegó a falsear la fecha de la detención de Luri para no sentirse concernido.

A pesar del apagón informativo del Gobierno, este domingo hemos sabido que ETA vuelve a extorsionar a la patronal. Esta vez, le ha tocado a los empresarios guipuzcoanos. Según La Razón, han recibido en los últimos días cartas de ETA en las que se les exige "en tono amable" el pago de importantes cantidades de dinero. Se desconoce, por el momento, si pertenecen a una nueva remesa de misivas correspondiente al mes de agosto o si forman parte de las que los terroristas emitieron en junio y que no han sido puestas en el correo hasta ahora. Los terroristas justifican esta actividad arguyendo las necesidad económicas que tienen. Mientras, Batasuna-ETA desafía con convocar una manifestación por la autodeterminación. El PP ha exigido al Gobierno que diga que negocia con una banda terrorista.

El intercambio de reproches de Batasuna-ETA y el PSOE continúa, mientras los proetarras imponen su política de hechos consumados. El Gobierno ya ha empezado a negociar a oscuras y no se da por aludido de las humillantes condiciones que los terroristas ponen a la paz. Al desafío que supone convocar una nueva manifestación de la ilegal Batasuna-ETA para el próximo 13 de agosto bajo el lema Euskal Herria. Autodeterminación, el PSE-PSOE responde este sábado con nuevas quejas sobre sus compañeros de mesa, aunque evitando, eso sí, pedir que se proscriba la concentración pro-terrorista. El PP ya ha adelantado que lo hará. Como si oyera llover, Pernando Barrena ha avisado de que no cambiarán ni una coma de los Estatutos de Batasuna-ETA, desmintiendo al periódico El Correo.

El PP ha sido el primero en tomar nota del nuevo órdago de Batasuna-ETA. Los populares pedirán al Gobierno vasco que prohíba la manifestación anunciada este sábado por el proetarra Pernando Barrena para el 13 de agosto, durante la Semana Grande de San Sebastián, bajo el lema Euskal Herria. Autodeterminación. La convocatoria "representa un nuevo desafío al Estado de Derecho", ha señalado Carlos Urquijo, diputado del PP. El Gobierno de Zapatero mantiene su apagón informativo sobre la negociación con ETA, a pesar de que los terroristas imponen sus hechos y reiteran que sus condiciones para dejar de matar son la autodeterminación del País Vasco y Navarra y la amnistía de sus presos.

Pese al apagón informativo decretado por el Gobierno, Batasuna-ETA y PSOE continúan enviándose recados de sus respectivas pujas en la negociación. La legalización de los proetarras es uno de los primeros escollos a salvar. Según publica este sábado El Correo, Batasuna-ETA tiene ya preparados el nombre y los estatutos de una nueva formación política. El diario de Vocento contrapone una cúpula dirigente esforzada por la paz y unas bases intransigentes. La vieja historia de terroristas buenos y terroristas malos, que el PSOE y el Gobierno están interesados en cultivar. Zapatero ya definió a Otegi como un "hombre de paz". Para el PSOE, bastaría con un cambio de marca, ni siquiera espera que renieguen públicamente de la violencia. Las bases proetarras, en cambio, se resisten a ceder un solo centímetro y quieren seguir como Batasuna-ETA.

Batasuna-ETA no necesita ser legal para reducir a papel mojado la Ley de Partidos. Lo dijo Otegi en mayo y la política de hechos consumados lo confirma, mostrando lo que el apagón informativo oculta. La organización ilegal celebrará otra manifestación el 13 de agosto, con un lema que indica el precio de su paz: Euskal Herria. Autodeterminación. El proetarra Barrena ha recordado por qué tienen pistolas encima de la mesa: amnistía para los presos y autodeterminación con Navarra en el paquete. El Gobierno ni se da por aludido ni detiene la negociación. El PP ya ha adelantado que pedirá la prohibición de la marcha y el PSE ha evitado cuidadosamente secundarle.

La secretaria de Política Autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha criticado este viernes que el presidente Zapatero "haya hecho de Batasuna un interlocutor político" para empezar a dialogar, mientras la izquierda proetarra "chantajea" al Gobierno "teniendo la violencia como una espada de Damocles que vigila el proceso" de paz".

Las propaganda exterior del llamado "proceso de paz" se intensifica, por parte de sectores proetarras y nacionalistas del País Vasco. A las declaraciones de Otegi en México, se han sumado las de Ibarreche en medios periodísticos de ese país y de Argentina. En el diario mexicano Reforma, el lehendakari ha pedido este domingo que la negociación con ETA suspenda las extradiciones de terroristas. Ibarretxe justifica esta concesión en que el Gobierno de Aznar "también utilizó políticamente las extradiciones".