Pedro Sánchez vive su momento más delicado desde hace cinco días. El pasado jueves Víctor de Aldama lanzó su bomba de racimo en forma de declaración ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, implicando al propio presidente del Gobierno, a su mujer, al PSOE y a distintos ministerios.
Cuatro días después, el lunes, le estalló un nuevo incendio: ABC desvelaba que Presidencia del Gobierno se encuentra tras la filtración de los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso después de que el fiscal general del Estado, imputado por el Tribunal Supremo, hiciera llegar a Moncloa el correo entre el fiscal y el abogado de Alberto González Amador. Juan Lobato acabó salpicado cuando aceptó, por indicaciones de la mano derecha de Óscar Puente (entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez), exhibir el correo durante la sesión de control de aquel día en la Asamblea. Lobato acabó llevando esa conversación a una notaría cuando el Alto Tribunal ordenó el registro de la Fiscalía General del Estado y ahora, al menos de momento, se niega a dimitir a las puertas del 41º Congreso Federal del PSOE.
Ante semejante panorama y minutos antes de que el portavoz del PSOE en la Asamblea ofreciera sus primeras explicaciones acerca del escándalo destapado, la portavoz de Vox en la Asamblea decidió repartir culpas cuando se le preguntó expresamente por el escándalo que afecta de lleno a Lobato. "Vemos las instituciones al servicio de Génova y Ferraz", afirmó el lunes. Para Isabel Pérez Moñino, "estamos presenciando constantemente las tramas de corrupción, los ataques personales, los ataques en las instituciones por parte de los dirigentes del PP y del PSOE y luego se olvidan de gestionar los servicios públicos, en este caso de los madrileños", dijo en referencia a Ayuso.
Un día después, este martes, justo tras la explosiva comparecencia de Lobato y poco antes de que Begoña Gómez aportara al juez Juan Carlos Peinado correos que prueban que utilizó a la asesora de Moncloa, María Cristina Álvarez Rodríguez, para su máster en la Complutense, desde Vox salieron a arremeter contra el PP a cuenta de una información publicada por El Confidencial.
Según adelantaba este diario, uno de los miembros de la comisión de investigación constituida en la Asamblea para investigar las presuntas irregularidades de la Universidad Complutense en relación con la cátedra concedida a la mujer del presidente del Gobierno, el popular Pablo Posse, había sido vocal del Consejo Social de la UCM y, años antes de que saltara el escándalo de Begoña Gómez, avaló la propuesta económica sobre el máster de Transformación Social Competitiva.
Así, el Consejo aprobó en dos ocasiones, por unanimidad de todos sus miembros, la propuesta sobre los importes de matrícula de los títulos que exigen titulación universitaria. Entre estos se encontraba el de Gómez. Según las actas, del 3 de junio de 2022 y del 5 de mayo de 2023, el máster obtuvo el respaldo en bloque con un coste de 7.200 euros para los dos cursos. En el caso de 2022, además, se convalidó una versión online por valor de 5.500 euros.
El ahora joven diputado popular, que es también secretario en la comisión, fue vocal de dicho Consejo Social. Fuentes parlamentarias del PP, explican a Libertad Digital que dicho Consejo "es un órgano de participación de la sociedad en la universidad, sin competencias en el desarrollo de los contenidos docentes o de investigación ni en las prestaciones de la Universidad, salvo en lo referente a su rendimiento económico".
Así, en su seno "se tratan, tanto en pleno como en comisiones, asuntos que afectan a los presupuestos de gasto de la universidad, entre ellos, modificaciones presupuestarias, minoraciones de crédito, modificaciones de precios públicos y de matrícula de títulos propios con gestión externa e interna y similares". Y "aprueba en bloque, tras el informe del vicerrector competente, los precios de los títulos propios sin entrar en los participantes ni en los contenidos", apuntan también.
Pero hay más, estas mismas fuentes informan a LD de que "hasta que no se tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades que están siendo investigadas en los títulos que codirigía Begoña Gómez, en junio de 2024, no se empezó a dar cuenta de ellas al Consejo Social".
El propio Posse explicó en redes sociales que en él "se ratifican los precios de matricula de títulos propios que ya previamente ha propuesto y aprobado el Consejo de Gobierno de la universidad" e incide en que en ese momento no se tenía conocimiento de las presuntas irregularidades que ahora se investigan.
Para variar, @vox_es está más empeñado en atacar al Partido Popular que en defender la legalidad y el buen nombre de la universidad. En este caso las mentiras me han tocado a mi.
En el Consejo Social se ratifican los precios de matricula de títulos propios que ya previamente ha… https://t.co/GZaK19VsUm
— Pablo Posse Praderas (@PabloPosseP) November 26, 2024
Pero a Vox nada de esto le vale. Su diputada Ana Cuartero, portavoz del partido en la comisión de investigación, ha exigido al PP la dimisión de Posse ante este "hecho sin precedentes". Según Cuartero, los populares deben "aclarar ahora mismo si conocían la participación de Pablo Posse en el Consejo Social de Complutense durante esos tres años; o si han sido negligentes al elegir entre los más de 70 diputados que tiene el Partido Popular a la persona que debería estar inhabilitada para formar parte no solo de la Mesa, sino de esta comisión".
Desde Vox extienden la responsabilidad hasta Isabel Díaz Ayuso, a la que exigen que se posicione, y al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, que "por acción o por omisión" ha consentido que una persona "que debería estar separada de la comisión de investigación", forme parte de la secretaría.
También aprovecharon para volver a exponer su queja por lo que consideran un intento de "silenciarlos". Y es que el PP, con mayoría absoluta tras las últimas elecciones, ha acaparado todo el protagonismo de la comisión: eligió a la presidenta, la popular Susana Pérez Quislant, al secretario de la Mesa, Pablo Posse, y estableció la proporcionalidad de la ley D'Hondt para que cada partido pueda llamar a más o menos comparecientes en función de su representación en la Cámara. "No se puede ser juez y parte en una comisión de investigación en la que constantemente estamos viendo cómo torpedea la intención de Vox de traer a Pedro Sánchez", se quejó Cuartero.