La Comunidad de Madrid exigirá desde el próximo 15 de junio acreditar la residencia en la región o en determinados municipios de Castilla-La Mancha y Castilla y León para poder obtener la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal), dirigida a todos los usuarios en general y la opción estándar para los usuarios que superan los 7 años. La medida afectará tanto a las nuevas expediciones como a los duplicados de este título de transporte.
La TTP es un título intransferible que incorpora los datos identificativos y la fotografía del titular. Se utiliza para cargar productos vinculados a una persona concreta, como los abonos de 30 días o los descuentos aplicables por edad, discapacidad o familia numerosa, aunque también permite cargar billetes no personales.
Con la entrada en vigor de la medida, la expedición de la TTP-personal quedará condicionada a la acreditación de residencia en un municipio de la Comunidad de Madrid o en las localidades integradas en las zonas tarifarias E1 y E2, además de los municipios incluidos en los convenios vigentes suscritos con Castilla-La Mancha y Castilla y León.
La condición de residente deberá acreditarse mediante un certificado de empadronamiento en vigor, que podrá ser aportado por el solicitante o consultado por la Administración si este autoriza dicha comprobación. El Consorcio Regional de Transportes ha indicado que la relación completa de municipios incluidos en estos acuerdos está disponible en su página web.
Sin efectos retroactivos y con excepciones
Fuentes del Gobierno regional han precisado que la medida no tendrá carácter retroactivo, por lo que las tarjetas ya expedidas seguirán siendo válidas en las condiciones actuales. Según los datos facilitados por el Ejecutivo madrileño, el impacto será limitado y afectará aproximadamente al 3,4% de los usuarios del sistema.
Las nuevas instrucciones contemplan una excepción para los titulares de familia numerosa. De forma temporal y por motivos tecnológicos, seguirá siendo posible expedir la TTP-personal a quienes acrediten esta condición. El Gobierno regional ha explicado que esta medida se mantendrá mientras resulte necesario garantizar la correcta aplicación de los beneficios legalmente reconocidos a este colectivo.
Aplicación de la ley
Desde la Comunidad de Madrid sostienen que la decisión no supone una modificación normativa, sino la aplicación de lo previsto en la Ley del Consorcio Regional de Transportes. Según el Ejecutivo autonómico, la normativa establece que las bonificaciones financiadas con fondos públicos deben dirigirse a los residentes de la Comunidad de Madrid o de aquellos territorios con los que existan convenios específicos.
Las mismas fuentes han señalado que la aplicación de este requisito se había pospuesto durante años debido a limitaciones tecnológicas, al despliegue progresivo del sistema y posteriormente a las consecuencias derivadas de la pandemia. Ahora, con el sistema plenamente implantado, consideran que existen las condiciones necesarias para poner en marcha esta exigencia.