Se puede estar de acuerdo con Aznar cuando dice que bajar los impuestos sobre los hidrocarburos sería mandar una "señal equivocada" a los productores de petróleo. Se puede coincidir con Rato cuando dice que los precios de los carburantes deben ajustarse a la realidad de los precios de la materia prima, o sea, el petróleo. Tampoco es difícil coincidir con Montoro en la posibilidad y la plausibilidad de que el Gobierno baje los impuestos sobre el gasóleo mediante la "congelación fiscal" del impuesto sobre hidrocarburos, incluso añadiendo un permiso de rebaja del IVA que beneficie de hecho a los agricultores. Tal vez incluso se pueda respaldar al ministro Arias Cañete cuando insta a las compañías petroleras a bajar la gasolina en cuanto baje el crudo, que está al bajar. Cada una de estas posiciones, opiniones o elucubraciones es respetable porque tiene su lógica interna con la que se puede coincidir mucho o poco o nada. Lo que no tiene lógica ni resulta posible es estar de acuerdo con todas a la vez porque son contradictorias. No se puede bajar y no bajar los impuestos, intervenir y no intervenir en los precios, pretender una cosa y la contraria. Mejor dicho: sí se puede. Pero es completamente desaconsejable en un Gobierno que se precie de serlo, riguroso y sensato.
En realidad, el caos en materia de comunicación obedece a la desastrosa política mediática de Aznar, a su desconfianza patológica hacia los medios tradicionalmente afines, por si lo critican como en su día a González, que es su obsesión y la pesadilla de los medios independientes, y a su manía de consensuar titulares a la baja con los medios críticos, por aquello del centrismo, el diálogo y la moderación. Pero su recelo de la libertad es inmoderado, su diálogo con la sociedad es un puro globo sonda y la falta creciente de pluralismo en los medios se ve fatalmente sustituída por la pluralidad contradictoria de los ministros, vicepresidentes y mandamases gubernamentales. El gobierno tiene una política de comunicación caótica y eso acaba resultando muy caro para el bolsillo del país. También acabará resultándole caro al Gobierno.
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