Es posible que los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros del Mediterráneo se revitalicen –el socialista Juan Antonio Gisbert ha llevado una gestión autocrático- y paren el escándalo nacional, que algunos tratan de endosar a la Generalitat valenciana. Nadie se explica cómo un señor que ha dimitido, lo ha hecho irrevocablemente, con la comprensión y los subsiguientes parabienes puede intentar cobrar cifras multimillonarias que probablemente se salen del marco legal y obligarían a actuar al Instituto Valenciano de Finanzas, primero, y al Banco de España, después.
La dimisión establece un marco legal preciso. Tampoco se conoce la existencia de ningún tipo de blindaje, por lo que las cifras que estudia la asesoría jurídica de la CAM en forma de prejubilación serían el fruto de un pacto. Pero ¿quién ha hecho ese pacto y por qué? Como las bolas de nieve, cuanto más corra este episodio rezagado de la cultura del pelotazo más grande se hará el escándalo. Es posible que se pare antes, pero en cualquier caso sería preciso un gesto ético de Eduardo Zaplana.
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