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El execrable intento de asesinato de Gorka Landaburu es un atentado contra la vida y contra la libertad de expresión, fundamento de todas las libertades democráticas. En el deseo de que los daños físicos y psicológicos sean los menores posibles, y Gorka tenga un pronto restablecimiento, el atentado ejemplifica hasta qué punto no hay discusión sobre la autonomía vasca, ni sobre la cultura, sino un designio totalitario de acabar con la libertad y la democracia.

Tal intento ha sido rechazado por las urnas en una doble vertiente: dando un número destacado de votos al PP y al PSOE, a pesar de que sus candidatos y concejales han de ir escoltados, y abandonando de manera clamorosa a Eh para primar a Ibarretxe. La primera voluntad clara de las urnas es una deslegitimación de la violencia y el mensaje imperativo de que el Gobierno vasco ha de liderar su erradicación.

Eso, entre otras cosas, pasa por un principio de seguridad ciudadana que conlleva la persecución y detención de los delincuentes, como en toda sociedad civilizada, y la vasca sin duda lo es, aunque una minoría entiende el nacionalismo como una patente de corso para asesinar. Que se haya intentado en un periodista implica el añadido del intento de coaccionar y restringir la libertad de expresión.