El Caso Gescartera ha llegado al final de la primera parte de todos los escándalos financieros, que es el de las listas de afectados por la estafa en sus bolsillos y, a partir de ahora, en su buen nombre si lo tienen. En realidad, no hay demasiado escándalo en escapar de las garras del Fisco. Desde que en España hemos visto cómo a multimillonarios presidentes de banco –Mario Conde, tantas veces ejemplar– les devolvía dinero Hacienda en su declaración del IRPF, lo que deben procurar los buenos padres de familia es escapar del ogro fiscal de la forma que mejor sepan. Legalmente, claro, o corriendo el riesgo económico, penal y social de andar en listas y en lenguas.
El escándalo suele provenir más de los uniformes o de los cargos oficiales de los enlistados que del hecho en sí de ahorrarse impuestos mediante un buen amigo instalado en los sótanos del poder. El sórdido y patético espectáculo de las listas de afectados, compuestas por pobres de solemnidad que alquilaban su DNI, clérigos caritativos que querían disponer de más fondos para ayudar a los pobres, pícaros inocentes, pardillos culposos y timadores timados, o sea, el elenco habitual de huéspedes de la picota financiera, no debería distraernos del hecho de fondo: en España los ricos no pagan impuestos, el Estado vive con medio cuerpo fuera de su propia Ley y algunos de sus servidores se sirven del cargo para vivir a cuerpo de Rey. Hay, por tanto, una estafa básica de las instituciones a la que el ciudadano responde defendiéndose como puede. El resto depende de la suerte y de la fuerza del afectado. Entre el cura de Cuenca, que debía 2000 millones a cuenta de otros, y Polanco, que linchó mediante su propia brigada judicial al juez que quiso averiguar si delinquía, el fraude en España cubre un espectro variadísimo. Desde el delito común hasta el chasco político.
Gescartera ostenta una exuberante vegetación delictiva que cubre montes fiscales y laderas bursátiles, riscos políticos y vaguadas administrativas. A lo mejor los jueces hacen algo y quizás los medios de comunicación consigan apartar a unos cuantos delincuentes del pastel y amedrentar por unos años a los que rumiaban la tentación. Pero la parte política, la del chasco que se han llevado todos los ciudadanos que creían o querían creer que los Gobiernos de Aznar luchaban contra la corrupción, es peor, porque afecta a millones de personas que ni pueden ni saben defraudar a Hacienda, que sólo tenían la ilusión de que los “suyos” en el Gobierno eran incomparablemente mejor que los “otros”.
Esa ilusión pueden darla por perdida y, si no, ya se lo recordarán los “otros” cuando corresponda, es decir, apenas llegados al boscaje parlamentario otoñal. No todos los políticos son iguales, eso no, pero lo cierto es que en el Poder se parecen mucho. A esa sabiduría toscamente liberal han llegado los propios funcionarios del Gobierno en el Ejército, la Policía y la Guardia Civil, que confiaron los millones que no eran suyos a Gescartera, a cambio de alguna suculenta propina. A esa convicción abrumadora de la corrupción omnipotente, nacida seguramente del Pecado Original pero crecida en el Estado de Bienestar, llegaron también las monjitas que cultivaban dinero negro para las misiones. Ni militares ni curas creían ya en el Gobierno de la Derecha, que a su vez desprecia ostensiblemente a curas y militares. Así que mientras Aznar traicionaba a sus bases, lo más castizo de esas bases escapaba del Gobierno del PP hacia las islas Caimán o donde fuera. El fogonazo de Gescartera ha pillado a todos en falta; incluída la señora de Aznar, presidiendo honoríficamente la epopeya caritativa... de un socio legal, si no real, del infame Camacho. Lo peor, pues, de Gescartera no es que haya herido gravemente a una política sino que ha matado una ilusión. Tan necesaria en política, dicen.
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