Así como el terrorismo islamista es una manifestación trágica del integrismo, el terrorismo etarra lo es del nacionalismo, la ideología sustentadora originaria. El terrorismo forma parte del frente nacionalista, quien lo ha utilizado para su provecho con un objetivo común: la independencia. El gobierno vasco y el PNV vienen desarrollando una estrategia de tensión y preparación de la opinión pública para un escenario antidemocrático con falacias aparentemente democráticas: la independencia, el riesgo totalitario máximo, pertenece a ese tipo de paradigmas contradictorios del tipo ¿se puede elegir a un dictador? ¿Se puede aprobar un escenario de desintegración del Estado de Derecho y opresión contra la mitad de una sociedad? Sin olvidar la coacción inmediata contra Navarra y la internacionalización del conflicto al Sur de Francia.
La Constitución tiene mecanismos para impedir esa deriva totalitaria. El artículo 155 es muy claro. Una posición de rebeldía introduciría al gobierno vasco y a sus funcionarios en la senda de la prevaricación. Los envites irresponsables de Ibarretxe y Arzalluz pueden terminar en un órdago crispador. Al Gobierno no le queda otra opción que asumir su responsabilidad. Que esa decisión, para ese escenario, esté ya tomada indica el mantenimiento de la política de firmeza, con la convicción de que el problema vasco es, entre otras cosas, la consecuencia de un cúmulo ininterrumpido de cesiones de los gobiernos de España. El PNV está poniendo en riesgo la autonomía y el mismo proceso autonómico nacional. En su huida hacia delante está contrayendo una grave responsabilidad histórica.
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