Son varias las interpretaciones a las que se presta el ofrecimiento de Aznar a Pujol para entrar en el Gobierno de España. Aparte de la que el presidente del Gobierno declara (los logros del régimen pujolista en Cataluña, con el auxilio de un domesticado PP catalán, podrían exportarse al resto de España), existen otras tres posibles si se quiere leer un poco entre líneas.
La primera se centra en una aspiración tradicional de todos los gobiernos que se han sucedido desde la Transición: mellar definitivamente el victimismo, fundamento de todas las exigencias autonómicas de Pujol en los 22 años que lleva al frente de la Generalitat, y cerrar de una vez por todas el proceso autonómico. Sin embargo Pujol, que es un viejo zorro de la política, sabe perfectamente que aceptar ese “plato de lentejas” sería el fin del nacionalismo reivindicativo; en primer lugar, porque ya no podría agitar el espantajo ante su electorado del “centralismo que margina a Cataluña”; y en segundo lugar, porque la entrada de los nacionalistas catalanes en el Gobierno de la nación les haría corresponsables de las decisiones que se tomen en Madrid, incluidas las concernientes a la política autonómica. Pujol sabe perfectamente que, una vez cerrado el proceso autonómico, el futuro político de CiU sería el de un pequeño partido regionalista, por lo que ha anunciado que no aceptará las cuatro carteras ministeriales que le ofrece Aznar. Lo suyo es la “colaboración remunerada” y la independencia a largo plazo.
La segunda estriba en el hecho de que, una vez vista la imposibilidad de llegar a un entendimiento razonable con los nacionalistas vascos (quienes lo quieren todo y ahora), la entrada en el Gobierno de CiU supondría un golpe mortal, tanto para el PNV como para los socialistas que les son afines. Una jugada a dos bandas que, de tener éxito, neutralizaría tanto la estrategia de desobediencia civil de Arzalluz e Ibarretxe, así como los mansos acercamientos del PSOE al PNV (previo pago de la cabeza de Redondo), presentando al nacionalismo vasco de cara a la opinión pública nacional e internacional como lo que verdaderamente es: un radicalismo anacrónico con ribetes totalitarios, que se niega a colaborar con un gobierno democrático.
Una tercera interpretación podría sugerir que Aznar, perfectamente consciente de que Pujol no iba a aceptar su ofrecimiento, haya pretendido con este gesto neutralizar una posible coalición de CiU con el PNV, cuyo objeto sería presionar conjuntamente para obtener representación propia en la Unión Europea y arrancar nuevas concesiones al Gobierno en materia autonómica. De este modo, Aznar se aseguraría que, por el momento, Pujol quedase desautorizado para pedir cuotas de representación europea. Siempre se le podría decir que pudo entrar en el Gobierno de España, pero prefirió seguir jugando el papel de víctima.
Pero, en cualquier caso, una cosa está clara. Cuando los nacionalistas (ya sean vascos o catalanes) se quejan de que pactar con el Gobierno o con otras fuerzas políticas es renunciar a la propia esencia nacionalista, es que también consideran que, para pactar con ellos, hay que aceptar y hacer propio su nacionalismo. Precisamente por esto, si es que Aznar se ha sentido tentado por los nobles sentimientos de la generosidad y la concordia en un momento en el que, tanto Pujol como él según dice van a abandonar el poder, habría que recordarle que para los nacionalistas no hay pactos, sólo conversiones. Esto es, aceptación de su ideario y expulsión de quienes no comulguen con él. Se trate del PSOE vasco, con Redondo; o del PP catalán, con Vidal Quadras.
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