Edurne Uriarte es sólo el último caso, aunque también el más escandaloso, de la política de expulsión de la Universidad –llegando si es preciso al asesinato– de todos aquellos que no comulgan con las ruedas de molino del nacionalismo separatista, siempre unido de una u otra forma al terrorismo. En el País Vasco, siempre. En Cataluña, a veces. En todas partes, con los mismos métodos gangsteriles y con la imprescindible colaboración de las autoridades. Universitarias, por supuesto.
A Edurne Uriarte no logró asesinarla ETA hace unos meses para impedir que su palabra clara y su ejemplo cívico llegase nítidamente a los cientos de estudiantes vascos que cada día pueden comprobar en ella el significado de la palabra ética, el sentido de la vocación intelectual y la razón última de la actividad política. Pero donde los terroristas fallaron, la rama administrativa de esa otra forma de terrorismo que es la persecución político-administrativa ha triunfado, al menos de momento.
Es inevitable comparar la cacicada filoterrorista del Ente del señor Montero con la resolución de la Audiencia de Tarragona el mismo día absolviendo a los nacionalistas de la Generalidad de Cataluña que apartaron de su cátedra a una profesora culpable del gravísimo delito de suministrar la versión en castellano del examen de Selectividad a un alumno que lo solicitó. En Cataluña el bochornoso episodio fue precedido de una manifestación político-universitaria de coacción a los jueces encargados del caso, probablemente innecesaria pero que en todo caso ahí queda. Ahí queda también, en las hemerotecas y en la memoria de los pocos españoles que no prescinden de tan subversivo instrumento, el último caso de esa "limpieza étnica" o genocidio cultural que contra los mejores profesores españoles se está llevando a cabo impunemente desde hace años en lo que, formalmente, todavía es España. Legalmente, está claro que no.
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