Resulta curiosa la facilidad con la que se conculca en España la Constitución, el principio de la igualdad de sexos. Era de esperar que Ruiz Gallardón cediera al integrismo islámico porque la Comunidad de Madrid es uno de esos ámbitos en los que políticos de derecha dura tratan de legitimarse de continuo haciéndose pasar o pareciendo progres, coincidiendo casi siempre con Gaspar Llamazares. O sea, la estricta reacción.
La Constitución española establece con nitidez y pleno acierto la igualdad entre los sexos, la no discriminación por ese motivo. Es una conquista que ha costado milenios alcanzar. Ha habido que luchar contra integrismos de todo tipo, incluidos de carácter cristiano y católico. Es una verdad demostrada por la experiencia que el varón no es superior a la mujer, ni viceversa. Ir en contra de ella es un insulto al derecho y a la inteligencia.
Es hilarante que Carlos Mayor Oreja justifique esta connivencia con el integrismo sobre el base del sentido común. Eso sólo sirve para refrendar el viejo dicho de que es el menos común de los sentidos... en la Comunidad de Madrid. A pesar de la ideología mediática de lo políticamente estúpido —en la que coinciden medios voceros del PSOE y voceros del PP— la inmensa mayoría de los españoles saben que el hiyab es un símbolo religioso y una tradición cultural cuyo significado no es otro que la sumisión de la mujer, considerada inferior al varón. No sé por qué siempre se oculta lo que dice El Corán, que es muy claro en la materia: “los hombres están por encima de las mujeres, porque Dios ha favorecido a unos respecto de otros y porque los varones gastan parte de sus riquezas a favor de ellas”. Toma del frasco, Carrasco.
No resulta extraña sino reincidente la falta de convicciones de Gallardón —como la falta de consistencia de Zapatero—, pero conviene darse cuenta de que se viene articulando un lobby integrista (al que parece pertenecer la autodenominada Asociación de Trabajadores Marroquíes) que utiliza un supuesto derecho a la diferencia (en sentido colectivo o tribal) para negar la libertad personal. Ahora va a resultar que el padre de Fátima es un defensor de la libertad, y los infieles Carlos Mayor Oreja y Gaspar Llamazares sus adalides. No existe una identidad que permita conculcar derechos personales. Ir contra la libertad practicando su sumisión no es una tradición que deba ser respetada, sino una perversión que debe ser combatida. Plenamente acertado ha estado el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio al recordar la ablación, tan extendida en el mundo musulmán. Sin llegar hasta ahí, basta con señalar que, en el terreno de los principios, Carlos Mayor Oreja se vería obligado, según su tortuoso sentido común, a escolarizar a niñas con burka. Tampoco sirve el criterio cuantitativo: muchos conculcan los derechos en Ceuta y Melilla. También lo hacen en el País Vasco, Mayor Oreja, Carlos.
No es materia de costumbres, sino de derechos. La familia de Fátima tiene derecho a abandonar España, donde la Constitución no ampara sus principios discriminatorios. La referencia a la libertad personal de la niña es una falacia. En hipótesis, muy habitual en el pensamiento político, una persona podría aceptar ser esclavo. Hay muchas zonas del mundo, sobre todo islámicas, donde eso sucede. Hay símbolos externos de la esclavitud como llevar una argolla. ¿Escolarizaremos en el futuro niños con argolla? Tampoco puede aceptarse que “libremente” una niña decida someterse a la ablación.
La medida de Gallardón va contra la Constitución en sus aspectos más fundamentales. Se echa de menos a nuestras aguerridas feministas y sorprende leer en los voceros del PP tildar de acierto la medida de Gallardón. ¿Se diría lo mismo si una iglesia cristiana defendiera la inferioridad de la mujer? ¿Podría aceptarse una nueva secta que dictaminara que las mujeres deben ir a cuatro patas? ¿Debemos aceptar la poligamia como derecho a la diferencia? Los liberales lucharon durante siglos contra la intransigencia católica. La libertad religiosa no puede contemplar ni la incitación a la violencia —guerra santa— ni la lesión de los derechos de las mujeres. Lo dicho, el padre de Fátima no pinta nada en la España constitucional y Alberto Ruiz-Gallardón y Carlos Mayor Oreja están obligados a cumplir la Constitución, para poner coto a este fascismo islámico.
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