La idea de que Batasuna boicotea a las instituciones democráticas no se deriva de que sus cargos se vistan de payasos o protagonicen plantes frente a la reforma de la Ley de Partidos. Estos gestos son, de hecho, la confirmación de las previsibles virtudes de eficacia que la reforma contiene. El boicot de Batasuna a la democracia es permanente y forma parte de la estrategia totalitaria y genocida de la banda terrorista, con la que es una sola cosa.
El terrorismo no sólo trata de imponer unas ideas mediante la violencia o pretende obtener ventajas políticas de los asesinatos; además, intenta utilizar en su provecho los beneficios del sistema. Esa es una constante de la nueva estrategia de los movimientos terroristas –restringidos a Eta y al fundamentalismo islámico–. Se pretende establecer una especie de derecho al asesinato que pervierte valores como la presunción de inocencia o la inmunidad parlamentaria. Es un combate difícil, porque aprovecha las contradicciones internas, pero existe la suficiente experiencia para saber que la democracia no puede ser un sistema melifluo, sino que se basa en fuertes convicciones, desde las que el terrorismo, en sus diversas formas, puede y debe ser combatido.
La presencia en las instituciones parlamentarias para acabar con ellas, para obtener información que lleve al asesinato del resto de representantes, para hacer seguimientos y marcar objetivos, para conseguir una posición de ventaja de cara a los atentados, no puede ser amparada por la tolerancia, sino combatida desde ella, salvo que se asuma, según los delicuescentes criterios de lo políticamente correcto, como una forma extrema de estupidez, como una complicidad con el suicidio. La democracia sí proscribe las ideas que pretenden acabar con ella, máxime si lo hacen mediante la violencia, aunque eso es una redundancia porque la democracia es precisamente la forma política que elimina la violencia del debate y permite la alternancia en el poder mediante métodos pacíficos. Esta obviedad, extraída de praxis terribles como el nazismo o el comunismo, ha sido sistemáticamente desconocida por la Justicia española, última razón que ha exigido la reforma de la Ley de Partidos.
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