Cuando se lanzan órdagos contra el Estado de Derecho, no queda otra opción que aceptarlos. En el caso vasco es que además no queda margen de maniobra para la cesión. Es lo que se ha venido haciendo desde el comienzo de la transición.
El gobierno autonómico vasco no entrará en situación de deslealtad constitucional y de desobediencia civil, en el campo del delito, en el Pleno del viernes. Ya ha entrado. El documento firmado por el gobierno tripartito es una declaración de guerra. De ultimátum lo ha calificado Carlos Iturgáiz, lo cual es lo mismo. Si es muy grave que un ciudadano privado decida incumplir la Ley, la cuestión reviste una gravedad extrema cuando es el presidente de una autonomía, cuya misión es cumplir y hacer cumplir la Ley, y representa en su ámbito al Estado, mediante poder delegado por la soberanía nacional que reside en el Parlamento nacional.
No estamos ante una cuestión retórica, sino ante una declarada posición contra el imperio de la Ley, ante una manifiesta decisión de ir hacia la secesión, algo que el Gobierno de la nación y los partidos nacionales –Izquierda Unida ha dejado de serlo– están obligados a impedir con todos los medios legales, que son los previstos en el artículo 155 de la Constitución, que prevé la reversión de la autonomía al Gobierno central.
Aunque en esta materia es tan frondoso el bosque de los eufemismos, y aunque el nacionalismo vive instalado en el conflicto y en la irresponsabilidad, no queda más remedio que afrontar la realidad, y hacerlo cuanto antes. Y esa realidad es que Ibarretxe se ha situado fuera de la Constitución, dispuesto a romper el marco jurídico. No se necesita ser Abraham Lincoln para ver las consecuencias de una acción tan demencial. No estamos ante un debate, como comúnmente se entiende, sino ante la entrada en el campo del delito, del máximo, del que representa la negación del Estado de Derecho.
Esto es una crisis institucional en toda regla, ante la que las Cámaras han de reaccionar en defensa de la legalidad democrática. Los pulsos han de aceptarse al comienzo, porque cuanto más tarde será peor. Se ha cedido tanto, que ahora nos estamos jugando la democracia misma. El 8 de julio es una fecha de infamia. Esto no es un “viaje hacia ninguna parte”, como ha dicho Aznar, esto es una declaración de guerra en toda regla.
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