Se han cerrado las sedes de Batasuna. El conocido motivo es que se trataba de zulos legales de Eta, pues Batasuna y Eta son la misma cosa, con subordinación jerárquica, prevista Batasuna para facilitar y amplificar el terrorismo. Se señala judicialmente que en tales sedes se organizan atentados. Bien cerradas están. Pero el corolario lógico es que si en esas sedes se delinque es porque personas físicas lo hacen. Alguien se reúne para organizar los atentados y coordinar la kale borroka. La consecuencia inmediata es que quien milita en Batasuna lo hace en Eta, y comete, por tanto, el delito de pertenencia a banda armada. El auto de Garzón explicita que los militantes de base pueden no ser conscientes de ese hecho, pero es obvio que no es el caso de los dirigentes, tipo Josu Ternera o Arnaldo Otegi, a los que la banda terrorista destinó al frente político. No se necesita ser Garzón, ni aspirar al Premio Nobel, eso lo sabe hasta Carod-Rovira.
La consideración de que los cargos pueden seguir actuando a título personal ninguna lógica tiene que sea en representación de Batasuna, que es ilegal y la misma Eta. Se supone que pueden seguir actuando pero desde otras premisas. No se puede atentar o colaborar con Eta “a título personal”. Lo que vemos, en manifestaciones y ruedas de prensa, es a la misma Mesa Nacional de siempre, con los mismos criterios de siempre, con la chulería habitual.
Por supuesto, el Gobierno vasco viene moviéndose en una confusa incongruencia, pero parte de ella tiene origen en la Judicatura. El autor de Garzón navega, dentro de su acierto y valentía, en la incongruencia de que, da la impresión, son las sedes las que delinquen y no las personas. La lógica inmediata del auto hubiera sido la detención inmediata de la Mesa Nacional de Batasuna por su militancia en la banda terrorista. O Garzón asume su propia coherencia o el auto puede terminar naufragrando en aguas turbulentas.
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