Dice Federico Jiménez Losantos que Aznar actúa mejor bajo presión. Eso implica ir detrás de los acontecimientos. Suele tender, por tanto, a cargarse de razón. Eso, en lo que se refiere al País Vasco, conduce a una espiral de acción-reacción. Aznar reacciona a cada paso de los nacionalistas, pero tras la reacción, estos aumentan el pulso. El problema de los “moderados” es que, al final, se encuentran con el problema agravado.
De lo filtrado por La Moncloa, a través de cauces habituales en la materia, hay varios hechos positivos y algunos sorprendente, a la espera de su plasmación final. Positivo es, y mucho, que se inicie un proceso pedagógico con la sociedad civil vasca, para explicarles las consecuencias muy negativas del aventurerismo insustancial y conflictivo del radical Ibarretxe. Es decir, que en el escenario de ruptura –en el que ya estamos– no se puede mantener una vela a Dios y otra al diablo, que es, en este caso, el PNV, con la comparsa de los matones nacionalistas. No sólo las empresas tendrían que elegir; obviamente, lo made in Euzkadi tendría un completo rechazo en “lo que quedara de España” (vuelvo a citar a Jiménez Losantos). No es baladí recordar que la economía vasca es exportadora y que su mercado es el resto de España. Tampoco que la burguesía vasca ha adoptado tradicionalmente una postura acomodaticia y lanar que le ha venido muy bien al nacionalismo. Hora es de que dé la cara en nombre de la racionalidad contra el etnicismo agreste.
Otra cuestión positiva es el mero hecho de que se vaya a producir una declaración oficial, con cierta parafernalia. Nunca es tarde si la dicha es buena. Aunque vale lo de tarde. La comunicación a la nación debía haberse producido de inmediato. Llamativo es el silencio regio en cuestión que le afecta de manera constitucional muy directa.
Sorprendente resulta que se avance la voluntad del Gobierno de no aplicar el artículo 155 de la Constitución, porque ello no pertenece al ámbito de decisión gubernamental o a la capacidad de maniobra del ejecutivo, sino al imperio de la Ley. El Estado de Derecho está para todos, también para el PNV y para Ibarretxe. Cosa que ellos ignoran y desprecian. También está para el Gobierno.
Pero la secesión en sí es una amenaza a la libertad de todos y cada uno de los españoles (y sus “derechos históricos”), ante la que cada uno, por responsabilidad, ha de responder, en la medida de sus posibilidades. No es una polémica política, sino una amenaza totalitaria, que obliga a plantar cara al nacionalismo social y económico. En estas páginas está colgado un espléndido informe de J. Vidorreta sobre la Corporación Mondragón , en donde están marcas como Eroski y Fagor. En la Universidad sectaria y nacionalista de ese entramado –Mondragón tiene mayoría absoluta de Batasuna–, Juan María Atutxa y Juan José Ibarretxe han proclamado últimamente algunos de sus pasos totalitarios.
Puede ser legítimo, que los “españoles”, en uso de su libertad de opción, consideren el nacionalismo como una idea agresiva, que pretende el secesionismo, y decidan, si la Corporación Mondragón financia una Universidad “nacionalista”, no contribuir a ello absteniéndose de comprar en los grandes almacenes Eroski o de adquirir electrodomésticos Fagor. Y que así lo recomienden a otros.
Lo que va a generar Ibarretxe es un sentimiento “antinacionalista”, desde la convicción de que la madre de todos los terrorismos es la ideología racista de Sabino Arana.
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