Señora ministra de Cultura:
Permítame unas líneas sobre su indecisión (sic) ante la exigencia de los social-nacionalistas para trasladar el Archivo de Salamanca a Barcelona. No quisiera desazonarla, pero tengo la obligación de llamarle la atención por su falta de talento y coraje civil en este asunto. Carencia de talento, sí, muestra usted cuando afirma que España expolió a Cataluña en la Guerra Civil. Ésta, como sabe cualquier bachiller, fue una guerra en España, en toda España, incluida Cataluña... ¡Un poco de seriedad y rigor democrático!. Pero esto no es nada comparado con su suspensión de juicio a la hora de tomar una decisión sobre el Archivo de Salamanca, que tendría que ser contrastada, siguiendo la lógica democrática, en el Consejo del que usted forma parte. Aquí, querida amiga, ya no se trata de falta de inteligencia, sino de algo más grave, que se conoce por el nombre de cobardía. Es usted, verdaderamente, cobarde, civilmente hablando, cuando dice que la decisión está tomada, porque así lo ha dictaminado el Informe elaborado por la Comisión de Expertos, que usted misma nombró para que le diera la "razón.
Pero su pusilanimidad apolítica y, por lo tanto, totalitaria no reside en el montaje grotesco de la citada Comisión, ni siquiera en los nombres de sus componentes, gentes acostumbradas a vivir sin columna vertebral, sino exactamente en que usted se someta al dictamen más o menos "técnico" de esa Comisión. Su cobardía, pues, no es otra que renunciar a la tarea de Gobierno, o mejor, a la faena política de la decisión por la que usted fue nombrada en su puesto. La cuestión es grave, porque, como cualquier estudiante de Ciencia Política sabe, quien renuncia a decidir porque se deja avasallar por un informe "más o menos técnico" de una Comisión, o por un dictamen jurídico más o menos ajustado a la institución del derecho, está pisoteando el noble arte de la política en nombre del totalitarismo.
Sí, amiga, totalitario es la palabra que le cuadra a su cobardía; pues que totalitario no es sólo quien violentamente niega al otro, sino también quien es incapaz de distinguir entre poder político, ciencia y derecho. Quien, como usted, identifica esos tres ámbitos está renunciado a la esencia de la sociedad democrática: la división social y, entre ellas, la división de poderes y de capacidades de tomar decisiones en diferentes ámbitos del Estado de Derecho. Usted, querida amiga, al ponerse al abrigo de una vulgar Comisión de Expertos renuncia a su identidad política, o sea, a la capacidad de decidir como ministra. Y, sobre todo, lleva a sus compañeros de Gabinete al suicidio democrático, porque jamás les dará la posibilidad de emitir su voz, su opinión, en definitiva, de hacer política en ese órgano colegiado que es el Consejo de Ministros.
No me extraña, por lo tanto, que su falta decisión, señora ministra, perturbe al más plantado en la democracia española. Su comportamiento tecnócrata y "apolítico" ha trastornado el orden y el estado de las cosas. Una ministra que renuncia a decidir no tiene ninguna legitimidad para seguir en el Gobierno de la Nación. Una ministra que impide a sus compañeros de Gabinete opinar sobre el traslado de los legajos del Archivo de Salamanca a Barcelona carece de credibilidad democrática para seguir en su puesto. Una ministra que se limita a ejecutar lo que le dice un Comité de Expertos no es nada. Naturalmente, nada que tenga relación con la política democrática.