Diversas asociaciones de gestión de derechos de autor y de productores y distribuidores de productos de la industria del entretenimiento se han unido en la llamada "Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos", cuyo principal objetivo parece ser la "promoción de cambios legislativos que garantice el respeto a la propiedad intelectual, logrando que el Gobierno lidere la lucha contra la piratería".
Traducido al cristiano, que se han dado cuenta que por separado no logran hacer el suficiente daño legal como para frenar el intercambio de ficheros protegidos en las redes P2P. Y es que pese a sus esfuerzos no han dejado de sufrir un revés judicial tras otro. Diversas sentencias han dejado ya razonablemente claro que intercambiar archivos protegidos por derechos de autor no es un delito penal, sino sólo un ilícito civil. Lo cual estaría muy bien para ellos, pues podrían empezar a meter demandas exigiendo cantidades desorbitadas de dinero, si no fuera porque las pruebas que necesitan recoger para poder acusar a alguien requieren de la autorización de un juez, que no la dará si no se trata de un delito.
Así lo entendió también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ante una demanda de la industria discográfica española recordó que los proveedores de acceso a internet no tienen la obligación de divulgar datos personales de sus clientes si de lo que se trata es de un procedimiento civil. Y encima los jueces están dictaminando que crear webs compuestas de enlaces para la descarga de canciones y películas tampoco es delito. En resumen, un futuro muy negro para los ludditas de la cultura y el entretenimiento, por más que estén haciendo un uso extenso y seguramente eficaz del terror procesal para reprimir las opiniones contrarias a sus intereses pecuniarios.
Parece evidente que en el corto plazo no tienen ninguna intención de adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías, cambiando su sistema de distribución y comercialización para aprovecharse de internet y las redes P2P. Sin embargo, dado que con las leyes actuales no pueden hacer gran cosa contra sus propios clientes, como está claro que es su intención, ¿qué les queda? Pues, primero, intentando convencer a los proveedores de internet que les conviene ponerse de su parte, porque ganarán más dinero poniéndoles trabas a sus clientes e intentando cobrarles por otro. Y segundo, y más importante, haciendo la presión suficiente para que cambien las leyes e intercambiar música y películas de internet pase a ser considerado delictivo.
Habrá quien piense que no lo van a conseguir, que los políticos no se atreverán. Bueno, piensen lo que quieran, pero tenemos un Gobierno que no ha hecho otra cosa desde que llegó al poder que criminalizar conductas de ciudadanos normales mientras estimaba que los verdaderos delincuentes no debían entrar en la cárcel porque la culpa es de la sociedad y tal, y hay que rehabilitar y tal. Esto no haría sino profundizar en ese modelo de Estado tan zapateril consistente en hacer pedagogía prohibiéndonos conductas que jamás deberían considerarse delictivas. ¿Qué más les da una más? Si ya no tienen oposición.