Se ha armado estos días un gran revuelo ante la noticia de la marginación de los títulos de informática dentro de la adaptación al nuevo espacio europeo de educación superior, conocido como proceso de Bolonia. El Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Andalucía llegaba a afirmar no sólo que desaparecerían los estudios superiores del ramo sino que los títulos actuales dejarían de tener validez. Algunos han llegado a proponer una huelga de informáticos para protestar contra la decisión del PSOE.
Por lo que parece, no es exactamente así. Las ingenierías están reguladas por lo que se denominan competencias y atribuciones. Las primeras son aquellas cosas que alguien es capaz de hacer por el hecho de ser capaz de realizar unos estudios, mientras que las segundas son actividades cuyo desempeño se limita por ley a unos titulados concretos; el ejemplo clásico es que el proyecto de un edificio sólo puede ir firmado por un arquitecto, y que la catedral de don Justo Gallego, la del anuncio de Aquarius, no es muy legal que digamos. O quizá sí, porque nunca hubo un proyecto que se pudiera firmar.
El caso es que la ausencia de ficha de informática se debe a que, como "la informática es una materia transversal" y no debe "concentrarse en una titulación concreta", según dice el Gobierno, pues la carrera no tiene atribuciones propias. Además, muchas competencias propias de informáticos, como la programación y el diseño y administración de bases de datos, son atribuidas a los ingenieros de Telecomunicaciones.
El caso es que los informáticos les tenemos bastante manía a los telecos. La consideramos una carrera casi vacía de contenido propio que no hace más que robarnos parcelas a nosotros y a los ingenieros industriales. Y, sobre todo, siempre han tenido mucha influencia en el Gobierno, de modo que les consideramos culpables de que seamos la única ingeniería que no tiene atribuciones profesionales. Así que es en cierto modo natural que agarremos el cabreo que hemos agarrado.
En cualquier caso, a mí me parece una polémica en gran parte estéril. El camino no es crear más atribuciones profesionales, sino ir eliminando las que ya existen. Del mismo modo que existen personas con talento para los ordenadores que jamás estudiaron la carrera, existe mucho zote con título. Son, o deberían ser, las empresas quienes, sin intervención del Estado, decidieran quién puede y quién no dirigir los proyectos informáticos, pero también muchos otros que ahora exigen un ingeniero titulado. Otra cosa es que la presencia de ingenieros, adecuadamente publicitada, pueda suponer un sello de garantía y dar una cierta confianza en la calidad del producto final. Pero que algo sea bueno no significa que deba ser obligatorio.
Otra cosa distinta es, eso sí, el ámbito público. Como ahí no se puede dejar a la arbitrariedad de la administración la contratación de funcionarios o las contrataciones a empresas privadas de proyectos públicos, tiene su lógica que se exijan unos criterios de selección que dejen el menor campo posible a la discrecionalidad. Pero fuera de ahí, esa idea de las competencias y las atribuciones fijadas por ley es de un gremialismo medieval muy poco amigo de la libertad y la competencia real del mercado.