Una de las noticias que han pasado más lamentablemente desapercibidas en las últimas semanas es la iniciativa del Gobierno de Zapatero de crear próximamente un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), que vendría a extender a nivel nacional las prácticas liberticidas de ese organismo censor que ya conocemos con el nombre de Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC).
Recuerdo que uno de los pocos consuelos que encontró Pedro J. Ramírez en su brillante y encomiable denuncia del CAC ante el Parlamento Europeo es que Zapatero parecía haber "parado en seco" la pretensión de una parte de su Gobierno –concretamente, la del entonces ministro de Industria José Montilla–, de extender esa regulación en Cataluña a un consejo audiovisual para toda España. Ahora sabemos que, a pesar de esa encomiable iniciativa en defensa de la libertad de expresión –liderada también por el entonces eurodiputado Luis Herrero y avalada por más de 700.000 firmas–, no sólo vamos a tener un "gran hermano" a nivel nacional sino que el CAC –en plena crisis económica– va a aumentar un 10 por ciento su presupuesto para el próximo año.
Tal y como informaba El Mundo el pasado domingo, la Generalidad no sólo tiene previsto que el CAC conviva con el futuro CEMA, sino que ha elevado a 11 millones de euros su presupuesto para el año que viene. De ellos, más de la mitad –seis millones– se destinan a pagar los salarios de sus 104 funcionarios. La mayor parte del pastel se la llevan, sin embargo, los nueve consejeros y el presidente del engendro, Ramon Font, a quienes se destina en sueldos más de un millón de euros, unos 100.000 por barba. Pese a este jugoso bocado, el sueldo no incluye las dietas de cada uno de los consejeros. De hecho, el presupuesto de la Generalitat contempla un gasto en dietas y traslados por valor de 55.000 euros, además de destinar otros 35.000 euros en ayudas para comida. Una suma que asciende a 90.000 euros y complementa el salario base de cada uno de los consejeros. Aparte de estos diez altos cargos, más de cuatro millones y medio van destinados a sufragar los sueldos de casi un centenar de trabajadores
A la vista de estos emolumentos, a algunos les puede escandalizar que los presupuestos sólo dediquen 300.000 euros a la elaboración de informes. Sin embargo, tratándose de un organismo dedicado a cercenar la libertad de expresión, casi es mejor que las manos de estos bien remunerados censores se dediquen exclusivamente a meterse en los bolsillos de los ciudadanos que no a la elaboración de informes destinados también a tapar sus bocas, sus ojos y sus oídos.
En cualquier caso, no deja de ser una vergüenza la mera existencia de estos organismos que pretenden arrogarse el monopolio de la verdad o de la veracidad y que vienen a conculcar la transparencia, el pluralismo informativo y los derechos de los ciudadanos que dicen defender. Si hay algún medio de comunicación que viola la ley, para eso ya están los tribunales de justicia sin necesidad alguna de crear organismos supervisores de contenidos cuyos miembros son designados políticamente y a los que se les da poder de sanción. Más aun cuando –a la vista está– hay algunos que de la mordaza hacen pesebre.