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EDITORIAL

Amaiur demuestra que en quince años nada ha cambiado

Amaiur ha de ser puesta fuera de la ley con carácter inmediato. El Gobierno debe cumplir con su obligación instando el correspondiente procedimiento.

El aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido nos ha dado pie para lamentarnos de lo ocurrido en estos quince años en materia de libertades y lucha contra el terrorismo, en especial tras las traiciones reiteradas de los Gobiernos de Zapatero. Pues bien, la actualidad de este martes vino a confirmar la tesis de nuestro editorial, con el portavoz parlamentario de la formación filoetarra Amaiur, Mikel Errekondo, negándose repetidamente a condenar el vil asesinato del concejal vasco y la extemporánea decisión del Tribunal de Estrasburgo exigiendo la liberación de una de las integrantes más sanguinarias de la banda terrorista.

Poco puede hacer el Gobierno de España ante las decisiones de esa institución europea sedicentemente jurídica, cuyos miembros han mostrado un grado de estulticia y mala fe más que notables, salvo negarse a acatarlas, como de hecho ha anunciado el ministro del Interior. Cosa muy distinta es dar adecuada respuesta a las cuestiones que se suscitan en el ámbito de la política nacional, como las manifestaciones de los representantes de Amaiur acerca de los crímenes de ETA.

La reacción del PP a las palabras de Errekondo vino de la mano de su portavoz en la Cámara Baja, Alfonso Alonso, que mostró su indignación por que el grupo parlamentario de Amaiur "no tenga dignidad ni tampoco humanidad".

Poco nos importa el nivel de indignación del Sr. Alonso, y mucho menos la falta de dignidad o de humanidad de los sujetos que integran esa coalición. Lo que nos interesa es saber si el Gobierno va a tomar las medidas pertinentes para promover la ilegalización de una formación cuyos actos reiterados vulneran la Ley Orgánica de Partidos Políticos. El artículo 9.3 de la misma, todavía vigente, aunque algunos pretendan lo contrario, da cuenta de los hechos o conductas que exigen la ilegalización de una formación, entre los que se incluye el exculpar o minimizar el significado de las acciones terroristas y la violación de derechos fundamentales que ello comporta, que es exactamente lo que ha hecho el portavoz de Amaiur en sede parlamentaria.

A la luz de lo acontecido y de lo dispuesto en la legislación, es evidente que Amaiur ha de ser puesta fuera de la ley con carácter inmediato. De hecho, nunca debió recibir el estatus de partido democrático: lo acontecido este martes no supone novedad alguna, pero dado que el Constitucional decidió quebrantar el espíritu de la Carta Magna, contradiciendo de paso al Tribunal Supremo, bueno será que el Gobierno cumpla con su obligación instando el procedimiento que permita a la Justicia disolver una formación que jamás debió ser legalizada. Esa sería la mejor manera de honrar la memoria de Miguel Ángel Blanco.

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