El cumplimiento efectivo de las sentencias en un Estado de Derecho no es competencia del Poder Judicial sino del Poder Ejecutivo. Dicho de otra forma: los tribunales son los responsables de dictar las sentencias, pero es el Gobierno el responsable de hacerlas cumplir.
Es lógico que quienes están decididos a vulnerar el ordenamiento constitucional español hayan hecho, a su vez, caso omiso a la sentencia de 25 de marzo de 2014 del Tribunal Constitucional que, por unanimidad, dictaminó:
en el marco de la Constitución una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España.
Lo que no debería tener lógica alguna es que el Gobierno de la nación, en lugar de hacer cumplir ese pronunciamiento, espere a que el Parlamento autonómico apruebe una no menos ilegal Ley de Consultas para volver a presentar nuevo recurso de inconstitucional ante el Alto Tribunal. El TC puede emitir no una sino mil nuevas sentencias declarando la ilegalidad de un referéndum secesionista; pero que esas sentencias queden en papel mojado –tal y como ocurre con los innumerables pronunciamientos judiciales contrarios a la coactiva inmersión lingüística que se perpetra en Cataluña– es y será responsabilidad del Gobierno de la Nación.
Lo que nos presentan los aduladores de Rajoy y de su "magistral manejo de los tiempos" como si de una observancia al Estado de Derecho y un respeto a sus tiempos procesales se tratara es, en realidad, una forma de encubrir una abdicación de sus responsabilidades y una inconfesable renuencia a que los autores de la eventual ilegalidad puedan ser en su día procesados por un delito de desobediencia.
Naturalmente, instar procedimiento por cualquier delito antes de que este se cometa no tiene sentido; pero advertir de las consecuencias penales que tiene el cometerlo lo tiene todo; más aun si lo que se quiere es evitar que se produzca. Por otra parte, como bien dice, no sin cierto cinismo, Torres Dulce, la aplicación del articulo 155 de la Constitución es una decisión "enteramente política", por lo que no hay que esperar –añado yo– a que el desafío secesionista se perpetre para ejecutar la intervención de la autonomía que evite que ese grave atentado al interés de España se produzca.
Sin embargo, es evidente que el Gobierno de Rajoy confía en que Mas acate, esta vez, una nueva sentencia del Constitucional que le vendrá a decir lo mismo que las anteriores. Y, ciertamente, ¿en qué otra cosa se puede confiar para creer que ese referéndum no se va a celebrar habida cuenta de la falta de determinación –ahora incluso de tiempo– de Rajoy a la hora de impedirlo?
Lo grave es que, aunque esa nueva sentencia del Constitucional fuera emitida antes del 9 de noviembre, y Mas la acatara y no celebrara el referéndum tal y como tenía previsto, unas nuevas elecciones en Cataluña no serían un obstáculo –todo lo contrario– para celebrarlo más adelante. ¿O acaso nos creemos que una Generalidad presidida por ERC sería más respetuosa con nuestro ordenamiento jurídico que lo que ha sido presidiéndola CiU?
Desengañémonos, mientras en España no haya Gobiernos dispuestos a combatir ideológica, judicial y financieramente los proyectos secesionistas no faltarán en Barcelona quienes tengan impunidad, financiación y ganas de llevarlos a cabo.