Como tantas otras maniobras del presidente Mas, la del sucedáneo de consulta para ver si cuela (si se la cuela tanto a la ley como a su propia parroquia) plantea el dilema de tomarla en serio o tomarla a coña. Es un dilema que siempre surge ante el nacionalismo por el aire ridículo que tienen sus redobles, pero lo más seguro es que no haya otro remedio que tomarlo de las dos maneras a la vez. En este caso, como payasada y como fraude de ley. De modo que no sólo hace bien: cumple con su obligación el Gobierno al poner en marcha la impugnación de la charlotada que ha convocado la Generalidad expresamente como una "astucia" para burlar y burlarse de lo que Mas llama “el Estado”, es decir, para burlar la ley.
Es llamativo y revelador que un presidente autonómico, un cargo público, haya tenido el atrevimiento de presumir de astucia. Justo, además, cuando un reguero de casos de corrupción, algunos muy notables en Cataluña, muestran la cara y la caradura de los astutos cuando se ponen a depredar recursos públicos. Que un político crea que van a aplaudirle por su astucia para burlar la ley es indicativo de una "inveterada deshonestidad en las relaciones con lo verdadero", por decirlo a la manera de Jean-François Revel. El mismo Revel que en otra ocasión manifestaba su asombro por el hecho de que se alabara “a un hombre público por su astucia, su arte en embaucar a la opinión pública y en engañar a sus rivales”. Es, decía, “como si los clientes de un banco elogiaran al director por su talento como ratero”.
Esa consulta alternativa a la consulta es, a fin de cuentas, una votación y una en la que el gobierno catalán quiere repartir unas papeletas con las mismas preguntas que se hacían en la suspendida por el Tribunal Constitucional. Se trata de conseguir el mismo objetivo que en el referéndum disfrazado de "consulta no referendaria", ahora enmascarándolo de “proceso participativo”. Baile de máscaras carnavalesco aparte, la astucia ha consistido en no poner nada por escrito, no firmar decretos ni órdenes, no encargar ninguna tarea específica a funcionarios y hacer recaer la logística en personas que se presentan voluntarias. "No hay nada que impugnar", se jactó el portavoz Homs. “Ignorancia supina”, replicaba el catedrático Francesc de Carreras en un artículo; "la actividad administrativa también es recurrible cuando actúa por la vía de los hechos. Si no fuera así, el gobernante podría actuar sin límites y el Estado de Derecho quedaría hecho trizas".
Había una tentación posible. Una de esas tentaciones que se presentan muy cucas con la bonita etiqueta de "hacer política". Era dejar que el guateque se celebrara, con su banda de música, urnas de cartón y papeletas de pega, y se viera que sólo acudía a la fiesta una fracción minoritaria del censo. Que se viera que eran los de siempre, los de la cadena, la vía, y la uve; o sea, las huestes de esa señora cuyo nombre no recuerdo ahora, y ni uno más y hasta puede que alguno menos. De ese modo, a la vista de la escasa afluencia, el globo independentista se desinflaría hasta nueva noticia, el propio Mas tendría razones para modificar el rumbo y al final todos serían felices y comerían perdices. Como en los cuentos, sí, porque son demasiadas suposiciones, y todas en una misma dirección, como para dar por bueno el pronóstico. No. No puede ser bueno consentir un fraude de ley para tratar de cambiar, y sin garantía alguna de mejora, una situación política. Igual que no pueden serlo esas “soluciones políticas” que reclaman Mas y tantos otros. ¿Por qué le llamarán política a burlar la ley?