España no tiene parangón político con Francia. Mal están nuestros vecinos, pero nosotros estamos peor, muchísimo peor, porque es más baja nuestra calidad democrática. Comparemos, no obstante, situaciones, liderazgos y tradiciones para que nadie nos reproche que no queremos debatir sobre asuntos, en principio, incomparables y, en cierto sentido, vacíos de significado democrático. Comparemos, sí, cómo se premia y castiga la corrupción en Francia y España. Comparemos, sí, cómo sobreviven en España los socialistas y los populares, a pesar de haber robado lo que no está en los escritos durante los últimos treinta y cinco años, y qué les ha sucedido en Francia el domingo pasado; sí, en España, los socialistas y los populares siguen siendo hegemónicos y las encuestas no dicen nada en contra de ese futuro predominio; en Francia, por el contrario, los socialistas han sido barridos en las últimas elecciones, bien es cierto que con la colaboración maquiavélica de Hollande, y la derecha ha castigado a su candidato, Fillon, por corrupción con una dureza inusitada para estos parajes.
La sociedad francesa ha demostrado una madurez y una capacidad de reaccionar frente a sus corruptas élites políticas de las que estamos muy lejos los españoles. El caso de Fillon es digno de estudio; cuando comenzó la precampaña electoral en Francia, era el candidato con más posibilidades de ganar, pero nada más descubrirse la corruptela en que había caído –darle un trabajo remunerado a su esposa e hijas– empezó a descender en las encuestas hasta la derrota final y estrepitosa del pasado domingo. No me imagino yo nada de eso en España. Y, además, la realidad me confirma que ni en la época de Felipe González, cuando más corrupción había, ni ahora, en la de Mariano Rajoy, que un día se descubre una corruptela y otro día una más grande, el electorado le dará la espalda a los populares y socialistas. Estos partidos siguen dominando el espacio electoral, a pesar de sus descensos de votantes, y seguirán, lo que es peor, siendo hegemónicos porque controlan todos los aparatos y resortes del poder moral y judicial. Los medios de comunicación están en sus manos y la justicia se mueve al antojo de un vieja ley, de 1985, que hace dependiente el poder judicial del poder político.
La realidad en España es terrible. Trágica. Sobre la sangre de esa tragedia, el robo a mano armada y todo tipo de corrupciones contra todos los españoles, está instalada nuestra élite política y, además, se acepta por el electorado con toda naturalidad. Ahí tienen las últimas declaraciones del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, que levantan acta de esa tragedia: "La responsabilidad política por la corrupción se salda en las urnas". Bien sabe lo que dice: quien vive, como casi todos los políticos de este régimen, de ocultarse hoy en una cosa y mañana en la contraria. Catalá no trae, en efecto, novedad alguna. Solo le da voz al ideologema inmoral y antidemocrático que mueve a las cúpulas del PSOE y el PP: no importa cuánto y cómo se robe, porque, al final, la corrupción no es castigada en las urnas. Pues en eso estamos: la sociedad civil española sigue muerta, como hace año y medio, cuando no se podía formar gobierno, y los nuevos partidos, que entonces surgieron, lejos de clarificar el panorama, empiezan a dar muestras preocupantes de su nuevo papel en el régimen: plañideras por la muerte de algo inexistente, la democracia.