No contentos con haber llevado a cabo una esperpéntica aplicación del artículo 155 de la Constitución como es la que se ha limitado a la celebración de unas nuevas elecciones autonómicas en Cataluña –las cuartas en los últimos siete años, y en las que los separatistas han logrado nuevamente la mayoría absoluta–, las formaciones constitucionalistas catalanas parece que quieren ocultar el ridículo con un ridículo todavía mayor como es la presentación de la candidata de Cs, Inés Arrimadas, a la investidura como nueva presidenta de la Generalidad.
No hay más que ver la determinación con la que el PP y el PSOE instan a Arrimadas a presentarse a esa investidura imposible –o la propia disposición de la candidata de Cs a "formar gobierno" sin molestarse en decir con quién– para darse cuenta de lo poco que le importa a nuestra España oficial el hecho de que la pírrica victoria de Cs como fuerza política más votada en Cataluña se deba, única y exclusivamente, al hecho de que los golpistas de PDdeCat y Esquerra han concurrido esta vez en candidaturas separadas.
Claro que no menos esperpéntico y numantino es el empecinamiento por parte de los golpistas por investir presidente a un presunto delincuente huido de la Justicia como Puigdemont, o a uno que está en prisión preventiva como Junqueras. El máximo responsable del golpe de Estado perpetrado en Cataluña pretende ahora que la Mesa del Parlamento autonómico, una vez constituida el próximo día 17 con mayoría secesionista, dé el visto bueno a una modificación del reglamento que pudiese dar validez a un procedimiento sin precedentes , como sería su investidura como presidente de la Generalidad por vía telemática. La segura detención que seguiría al retorno de Bruselas de Puigdemont daría "simbolismo" a la actuación, según fuentes cercanas al líder independentista.
Ni que decir tiene que el único "simbolismo" que debería tener la detención de Puigdemont tras su dudosa investidura telemática"es ese que algunos anhelamos ver hecho realidad, como es el de que nadie está por encima de la ley, incluso si se es presidente de la Generalidad de Cataluña. En cualquier caso, resulta demencial que el Gobierno español, primero, y nuestro sistema de administración de justicia, después, hayan facilitado a los golpistas la posibilidad de reincidir en el delito a la espera de ser juzgados por los delitos que ya han perpetrado: el Gobierno de Rajoy, al convocar unas elecciones que permiten a los golpistas volver al único lugar donde pueden reincidir en el delito, que no es la calle ni su casa, sino la poltrona del poder; y nuestra Justicia, al no habilitar, dada la premura en la convocatoria de dichas elecciones, una medida cautelar atípica como es la privación preventiva del derecho al sufragio pasivo, que hubiera impedido a Puigdemont, Junqueras y al resto de la cuadrilla de imputados presentarse a estas absurdas elecciones autonómicas. Resulta, en este sentido, delirante que nuestros tribunales puedan llevar a cabo algo tan grave como es privar de libertad a unas personas por unos delitos por los que aun no han sido condenados y, sin embargo, no puedan decretar algo mucho menos lesivo para ellos como sería privarles del derecho a presentarse a unas elecciones durante el tiempo que reste hasta la celebración de un juicio que, por cierto, ya tarda.
Así las cosas, todo parece indicar que estamos condenados a que se perpetúe la aplicación de un articulo 155 que ya no sería esperpéntica tan sólo por el hecho de rehuir el objetivo de acabar con una administración autonómica estructuralmente en rebeldía contra nuestro ordenamiento constitucional, como es la catalana, sino también porque se prolonga contra el deseo de las propias formaciones constitucionalistas que lo respaldaron. Ante semejante espectáculo, convendremos en que lo único comprensible es que haya un territorio como Tabarnia, cuyos habitantes quieran dejar de formar parte de Cataluña. Eso, entendiendo cada vez menos por qué no quieren dejar de formar parte también de nuestra esperpéntica España.