Los autos de procesamiento contra los cabecillas del golpe en Cataluña son la antítesis del relato separatista, incluso la antítesis del relato. Y lo son porque están basados en hechos, documentos, comunicaciones y declaraciones. Los dirigentes separatistas pusieron por escrito su hoja de ruta y su estrategia, señalando el papel de cada uno de los actores implicados, y ese empeño por dejar constancia escrita, que es indicativo de la sensación de impunidad con la que orquestaron el golpe, está facilitando la labor de los jueces. Claro que sin los hechos que confirmaran la realización de los planes no habría caso. Pero los hechos están ahí, y en esta ocasión lo están para procesar por dos delitos de sedición y un delito de organización criminal al exjefe de los Mossos, el otrora arrogante mayor Trapero.
El papel de Trapero y otros investigados en la Audiencia Nacional por la actuación –y no actuación– de la policía autonómica catalana en los sucesos de septiembre y octubre que culminaron con la declaración de independencia no fue secundario ni menor en el proceso separatista. Para un golpe como el que se preparó y se dio, que se basaba por un lado en el poder político y por otro en la movilización de masas, era capital disponer de una fuerza como la policía autonómica. Así lo dice el auto de la juez Lamela:
Para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos de d’Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban.
Lejos de cumplir la ley y los mandatos judiciales, como era su obligación, los mandos de la policía autonómica se convirtieron en instrumentos de los cargos públicos, dirigentes políticos y organizaciones que diseñaron y llevaron a cabo un golpe contra el orden constitucional. Su objetivo fue favorecer la ejecución de esos planes y obstaculizar que las fuerzas de seguridad del Estado pudieran impedirlos. Ante los sucesos violentos del 20 de septiembre en la Consejería de Economía de la Generalitat, los mandos de los Mossos desoyeron las numerosas peticiones de ayuda de la comitiva judicial que fue allí a practicar un registro. Y de cara al referéndum suspendido por el Constitucional, dice el auto que
simularon (...) un dispositivo engañoso y fraudulento, conduciendo a sus subordinados a una dejación auténtica de funciones, incumpliendo el mandato judicial y diferentes aspectos legales recogidos en nuestro ordenamiento jurídico.
El dispositivo tenía, además, toda la intención de burlar la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Para eso, se puso en pie un sistema de comunicación entre los agentes de servicio destinado a ralentizar las comunicaciones, un canal de información alternativo llamado Clave 21 para puentear la emisora corporativa y, en algunas zonas, un servicio de ojeadores civiles, cuya misión era avisar de la llegada de las Fuerzas de Seguridad del Estado a los lugares designados para la votación. El auto de la juez de la Audiencia Nacional hace hincapié en que aquello que ordenaron los mandos de los Mossos no era simplemente "informar de la actuación de los agentes" de la Guardia Civil y la Policía Nacional, sino que "se trataba de una auténtica vigilancia, siguiendo sus desplazamientos".
A eso dedicaron a sus agentes los mandos de los Mossos el 1 de octubre, según la documentación que examinó la juez, la cual incluye la contenida en 36 cajas que iban derechitas a la incineradora cuando fueron interceptadas. No los dedicaron a cumplir los mandatos judiciales, sino a impedir que las Fuerzas de Seguridad del Estado los cumplieran. Y conviene recordar que el fraudulento dispositivo organizado por la cúpula de la policía autonómica, tal como dice el auto, "obligó a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en un marco de oposición y resistencia perfectamente organizado, que dificultó sobremanera el cumplimiento de las órdenes emanadas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña". Ya fuera del ámbito procesal, también hay que recordar que el Gobierno de España incurrió en una irresponsabilidad grave al dejar de facto el operativo del 1-O en manos de quienes ya habían demostrado que no estaban por hacer cumplir la ley.
Quizá se pensaba Trapero que todo esto le iba a salir gratis. Y por qué no iba a pensarlo, si también lo pensaban los cabecillas políticos del golpe. La lectura de los hechos, a través de los autos de procesamiento, acentúa la impresión de que se creían impunes. A fin de cuentas, no iba a ser el suyo un golpe clásico, uno en el que un grupo de hombres armados intenta derrocar a un Gobierno. Para empezar, porque ellos eran el Gobierno. Para continuar, porque iban a hacer uso de la movilización popular como fuerza de presión para doblegar al Estado, y de la fuerza policial que controlaban para proteger su intentona de la actuación que hiciera el Estado para impedirla. Pero resultó que el Estado no era tan débil como creían. Hasta puede que hayan descubierto que el Estado existe y que no es sólo el Gobierno, ese actor al que están acostumbrados a chulear. La Justicia les está dando un baño de realidad.