Hemos entrado de hoz y coz en la campaña electoral de "las andaluzas" y es conveniente que se levanten encuestas en esa región (que ahora dicen "comunidad autónoma"). Un principio elemental para la validez de los sondeos electorales es que las preguntas sobre intención de voto se realicen cuando se sabe la fecha de los comicios. Lo más fidedigno es que el trabajo de campo se realice en un lapso muy corto y lo más cercano posible a la fecha de ir a las urnas. Lamentablemente, nuestra legislación prohíbe divulgar datos de encuesta a menos de una semana del domingo en que se vota. Da vergüenza que subsista una norma tan contraria al principio de la libertad de expresión, pero así es de enclenque la democracia española.
Lo que no tiene mucho sentido es que se realicen encuestas sin que se haya fijado la fecha para las elecciones. (Otro resto autoritario: esa fecha la fija arbitrariamente el jefe del Ejecutivo). En esos casos hay que sospechar que los sondeos electorales son una artimaña de propaganda y que los resultados se amañan según el interés de quien encarga la encuesta. Se sabe que, con esa condición de una fecha desconocida para ir a votar, se eleva mucho la proporción de los no sabe/no contesta. Por mucha cocina que se eche al análisis (por ejemplo, con el recuerdo del voto en la anterior convocatoria), las predicciones que se establecen resultan poco fiables.
Todavía es más irresponsable que se efectúen sondeos con intención de voto de manera regular, digamos, todos los trimestres o incluso todos los meses, estén convocadas o no las elecciones. Si la decisión de un trabajo así la toma un partido político, merecería ser perdedor en las elecciones por el mal uso del dinero público. No se olvide que los partidos parlamentarios se hallan subvencionados por el Estado, es decir, por los contribuyentes. Si la decisión de levantar encuestas electorales sin fecha determinada para los comicios la toma un organismo público, el hecho se parece mucho a una malversación de caudales públicos. Mentira parece que una cosa así no la critiquen los políticos, sean del Gobierno o de la oposición. Su misión básica es cuidar del buen uso del dinero público.
Hay que recordar la constante del error estadístico de todas las encuestas, pero resulta inevitable; ocurre en todos los casos de mediciones científicas. Pero sí se deben evitar los fraudes que digo, esto es, los engaños con apariencia de seriedad empresarial.
Todavía hay otros posibles errores en la interpretación de los datos. Por ejemplo, cada vez es más frecuente la práctica de que los entrevistados engañen al declarar su intención de voto. Ante tal posibilidad, solo cabe excluir de la tabulación las entrevistas que parezcan poco serias o bien plantear preguntas complementarias. La típica es que los entrevistados nos indiquen el sentido del voto de las personas que más aprecian.
Hay también un sesgo de, en caso de duda, decir que se va a votar al partido que gobierna, al político que más sale por la tele. De ahí la lógica de la propaganda electoral, la obsesión que tienen los políticos de aparecer en la tele, la radio o las redes. Pero esa vanidad es peccata minuta, a pesar del dineral que cuesta a los contribuyentes.