Es razonable que juristas, políticos y formadores de opinión discutan e incluso utilicen como armas arrojadizas las diferencias que existen entre la Fiscalía, la Abogacía del Estado y algunos tribunales europeos a la hora de juzgar los delitos -repito, delitos- cometidos por los capos del secesionismo catalán. Estas diferencias conciernen a la naturaleza de dichos delitos y por lo tanto a la magnitud de las penas que los sancionan.
El zorro en el gallinero
La Fiscalía, blindada contra presiones políticas, es implacable; la Abogacía del Estado, atenta a las necesidades de un Gobierno subordinado a la camarilla golpista, se decanta por los atenuantes; y el tribunal regional de Schleswig-Holstein optó por una benevolencia extrema. Pero -¡atención!- incluso este último tribunal aceptó los cargos por malversación, otro delito que se puede sancionar con nueve años de cárcel. En síntesis, cualquiera sea el punto de vista de los magistrados, todos ellos están de acuerdo en que los reos, en prisión preventiva o prófugos, están siendo juzgados por delitos. De mayor o menor gravedad, pero delitos.
Son todos delincuentes contumaces. Y si es así, y si el tribunal regional de Schleswig-Holstein se pronunció por el delito de malversación, resulta que al nombre del señor Carles Puigdemont se le podría adjuntar, sin faltar a la verdad, el título de "presunto delincuente malversador", aun haciendo la vista gorda a las pruebas de rebeldía, sedición, desobediencia y fuga de la justicia. Con esto basta: ninguna empresa honesta emplearía a un sujeto con semejante antecedente penal. Y tampoco podrá aceptarlo una sociedad sana como custodio de sus valores morales, cívicos, económicos y culturales, porque sería como cederle al zorro el cuidado del gallinero.
El hecho de que el presunto delincuente malversador haya sido presidente de la Generalidad gracias al dedazo del impresentable Artur Mas tampoco le da patente de corso. Cuatro ex presidentes de la democrática Corea del Sur fueron sentenciados a purgar sus delitos entre rejas, lo mismo que un ex presidente de Perú y una ex presidenta de Filipinas.
Comités de gamberros
Por supuesto, las acusaciones de rebeldía, sedición y desobediencia, más la de malversación, continúan en pie. Las controversias sobre la medida en que las órdenes de los cabecillas de la insurrección se plasmaron en actos de violencia las resolverán los tribunales de justicia, que dictaminarán si hubo rebelión o sedición. Pero es obvio que la política de estos conjurados fue en sí misma un acto de violencia devastadora, independientemente de que haya habido o no choques callejeros -que los hubo- y de que dichos choques estuvieran pactados -que lo estaban- con comités de gamberros expresamente creados para ese fin.
El comportamiento alienado de los líderes rebeldes -sí, rebeldes- recuerda el del sociópata que grita "¡Fuego"! en un local cerrado repleto de gente, con la consiguiente avalancha. Él no ha ejercido violencia e incluso puede haber permanecido cómodamente sentado, pero ha generado un caos que ha dejado un tendal de víctimas. Los traumas que padece Cataluña no son corporales, pero superan con creces la dimensión de un local cerrado porque abarcan la superficie de cuatro provincias del Reino de España y perjudican a todos sus habitantes, incluidos los allegados a los malhechores.
No queda otro recurso que repetir el balance del daño causado por estos delincuentes contumaces: fuga de un número cada día mayor de empresas e inversores, encabezados por los dos principales bancos catalanes y la editorial más importante; degradación sectaria y endogámica del sistema educacional desde el parvulario hasta la universidad; distanciamientos entre familiares, amigos, socios y vecinos; fomento de hostilidades contra conciudadanos del resto de España; y finalmente, implantación de un aparato monolítico de lavado de cerebros cainita, encaminado a convertir Cataluña en una taifa aislada de España y Europa, donde más de la mitad de la población estaría condenada a vivir discriminada por sus convicciones, su genealogía o su lengua.
Delito de odio
Todo el entramado de la conspiración secesionista sustenta un caldero donde fermentan las levaduras del delito de odio. El pasado 9 de noviembre, La Vanguardia dedicó una página a reseñar los actos vandálicos que se cometieron en toda Alemania contra los comercios, los templos, las propiedades y las vidas de los judíos hace exactamente ochenta años, en la noche del 9 de noviembre de 1938 (la Kristallnacht o Noche de los Cristales Rotos) con el visto bueno de la Gestapo. Un delito de odio, diríamos hoy, patrocinado por el Estado, con los no arios en el punto de mira. Ese mismo diario publicó, ese mismo día, pocas páginas más adelante, la noticia de otro delito de odio patrocinado, esta vez, por el Govern catalán, con los defensores del sistema constitucional, parlamentario y democrático, en el punto de mira.
Vayamos a los hechos. La Assemblea Nacional Catalana (ANC), uno de los brazos del Leviatán supremacista alimentado por los fondos de reptiles, inicia una campaña destinada a privilegiar las empresas "puras", o sea las adheridas al golpe endogámico, en perjuicio de las "impuras", que trabajan de cara al resto de España y del mundo global. Todavía no hablan de romper los cristales de estas últimas, al estilo nazi, pero el odio está ahí, agazapado. Con brotes como el de los asedios al restorán de Roses y otros locales que se resistieron a colocar lazos amarillos. ¿Un hecho aislado? No, el trofeo a los cristales rotos se lo lleva el asalto al Parlament y a otros espacios públicos y privados, con el aval de Quim Torra a los Comités de Defensa de la República (LV, 2/10). Un simulacro de la Noche de los Cristales Rotos en Cataluña, sin tapujos, con instigación oficial para el delito de odio. "¡Aprieten!", exhortó el president putativo Torra a los energúmenos. Y estos corrieron a marcar con pintura amarilla la casa del juez Llarena.
Los pelos de punta
La ANC se propone elaborar, con el lema "Consumo estratégico", un directorio de empresas con "valores republicanos" de los sectores eléctrico, del gas, telefonía y telecomunicaciones, bancario, seguros, petroleras, sindicatos o grandes superficies, "que se registren mediante un formulario" (LV, 9/11). Según la web de la ANC, este remedo informático de la Kristallnacht estará enderezado contra "la oligarquía española, representada por algunas empresas del Ibex 35, las del BOE y las del palco del Bernabeu". Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, explica que su secta solo cree en la vía unilateral para materializar la independencia, y que con esta campaña "abordamos cómo nos podemos preparar para cuando haya otro embate democrático".
Con las cosas del comer no se juega, y a la clase empresarial catalana, que reparte precavidamente sus apuestas por las distintas casillas del tablero político, se le pusieron los pelos de punta. Su portavoz mediático reaccionó ipso facto con un editorial fulminante, rigurosamente razonado ("Consumo politizado", LV, 9/11):
La campaña de la ANC nos parece un error, tanto en su argumentación como en sus objetivos, como en sus posibilidades de éxito. Y, aunque se quiera disociarla de un boicot a los productos que estimen poco afectos al independentismo, eso es exactamente lo que está proponiendo: apoyar a las empresas con conciencia nacional (catalana) y, por tanto, marginar a otras.
Mezclar el consumo con la política puede tener sentido para ciertos militantes. Pero es algo injusto e inútil. Lo es porque al ignorar a determinada empresa no se perjudica solo a sus propietarios o directivos, sino también a sus trabajadores, cuya ideología no tiene por qué coincidir con la de aquellos. Lo es también porque un producto de una empresa etiquetada por la ANC como desafecta a la causa nacional puede estar integrado por componentes de procedencia irreprochablemente catalana, a cuyos fabricantes se dañará.
Una sentencia inapelable
Por supuesto, dichos razonamientos no penetrarán en las entendederas de esta gentuza movida por el odio, paletos sin oficio ni beneficio, ajenos al hecho de que hoy las economías están interconectadas y de que quien rompe un eslabón de la cadena lo descalabra todo. Y aunque lo supieran, estarían decididos a arrasar con la economía catalana y con el bienestar de los catalanes si este es el precio que hay que pagar para que ellos se conviertan en amos y señores del feudo irredento. Ya lo están haciendo con la complicidad del doctor Sánchez y su séquito de aduladores. Al fin y al cabo, los trogloditas dirán tan panchos: "La maté porque era mía".
Los tribunales de justicia resolverán cuáles son los artículos del Código Penal que corresponde aplicar a los cabecillas de este alzamiento, pero de lo que no cabe duda, vistos los resultados nefastos de su esperpéntico farol (Clara Ponsatí dixit), es de que los ciudadanos víctimas de este cúmulo de iniquidades dictarán una sentencia inapelable: son delincuentes contumaces, inhabilitados para ejercer funciones públicas y para administrar bienes privados.